Tribunal Constitucional y RAE firman acuerdo de colaboración para uso del lenguaje claro
Con este convenio, el TC se adhiere a la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible impulsada por la Real Academia Española (RAE), que promueve la accesibilidad del lenguaje en la comunidad hispanohablante como fundamento de los valores democráticos
MADRID. El Tribunal Constitucional (TC) y la Real Academia Española (RAE) firmaron un acuerdo de colaboración con el que esta alta corte se adhiere a la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible y se compromete a apoyar iniciativas que faciliten el uso del lenguaje claro en el ámbito de la justicia constitucional.
El magistrado Napoleón R. Estévez Lavandier, presidente del TC, y Santiago Muñoz Machado, director de la RAE, firmaron el convenio en la sede de esta institución académica cuyo objetivo es «velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad».
Con este acuerdo, que formaliza la incorporación de esta alta corte a la red que agrupa a organismos del Estado e instituciones privadas de varios países, el TC reafirma su compromiso con los valores constitucionales y democráticos, pues esta iniciativa trabaja para que el derecho de los ciudadanos a comprender las normas y leyes sea una realidad en todas las naciones de habla hispana.
En ese sentido, ambas instituciones acordaron impulsar la cooperación del TC en las acciones o proyectos que promuevan, difundan y faciliten el uso del lenguaje claro, especialmente en el área de la justicia constitucional. Asimismo, se comprometieron a fomentar nuevas incorporaciones que fortalezcan la red y sus objetivos fundacionales.
De igual manera, con este acuerdo, el TC y la RAE ejecutarán las medidas necesarias para cumplir los compromisos y desarrollar las iniciativas o proyectos que surjan en el ámbito de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible.
El acuerdo fue firmado en el marco del 6º Congreso de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional sobre los Derechos Humanos de las Generaciones Futuras realizada en esta ciudad en la que estuvo participando una delegación del TC encabezada por el magistrado Napoleón R. Estévez Lavandier, e integrada por los magistrados José Alejandro Ayuso, Manuel Ulises Bonnelly Vega y Army Ferreira, así como la directora de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales, Heidy Berroa, y la directora de Despacho de Presidencia, Montserrat Pérez.
Sobre la red y el TC
La Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, impulsada por la RAE, se constituyó oficialmente el 9 de junio de 2022 en Santiago de Chile mediante un acuerdo suscrito por el presidente de la Corte Suprema de Justicia chilena, el director de la Real Academia Española y la Secretaría pro tempore de la Red de Lenguaje Claro Chile en representación de las instituciones que conforman esta red.
Tiene dos propósitos esenciales: fomentar el lenguaje claro y accesible como fundamento de los valores democráticos y de ciudadanía, y promover el compromiso de las autoridades para asegurarlo en todos los ámbitos de la vida pública.
La red está abierta a cuantas instituciones y entidades públicas o privadas quieran sumarse. Ofrece un servicio de interés general, que incentiva la colaboración entre los poderes del Estado y la sociedad civil en torno a la lengua como valor superior y elemento vertebrador de nuestra sociedad.
De su lado, el Tribunal Constitucional dominicano, órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad en la República Dominicana, fue creado por la Constitución del 26 de enero de 2010, con la misión de garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales.
Para dar cumplimiento a las atribuciones conferidas expresamente por la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales, núm. 137-11, las decisiones que dicta el Tribunal Constitucional son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado.
El Tribunal Constitucional es autónomo de los demás poderes públicos y órganos del Estado.