TC Declara Ocho Casos de Acción Directa de Inconstitucionalidad en Estado de Fallo y da Plazo a uno

El Tribunal Constitucional (TC) declaró en estado de fallo ocho de los nueve expedientes que conoció este lunes 24 de marzo, en audiencia pública y otorgó un plazo de cinco días a otro, tras los cuales quedará en igual estado.

El Pleno del TC, encabezado por su presidente, doctor Milton Ray Guevara, sesionó en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

El único caso al que le fue otorgado plazo corresponde al expediente TC-01-2013-0079, en el que la Asociación Dominicana de Distritos Municipales (ADODIM); y los señores Andrés Julio Pichardo y Pedro Antonio Richardson, atacaron el Artículo 44, acápite b, de la Ley 176-07, sobre Distrito Nacional y Municipios, emanada del Senado y la Cámara de Diputados de la República (FEDOMU).

En este caso actuaron como intervinientes voluntarios el Distrito Municipal de Cabarete, la Liga Municipal Dominicana y la Federación Dominicana de Municipios; pidiendo el primero que la acción directa de inconstitucionalidad fuese rechazada, mientras que el segundo pidió que fuese acogida en forma y fondo.

De su lado FEDOMU, presentó su intervención voluntaria en la misma mañana de las audiencias, lo que provocó el otorgamiento de un plazo de cinco días para que las partes ampliaran sus conclusiones por parte de la alta corte.

En todos los casos actuó en representación del Procurador General de la República, el procurador adjunto, Ricardo José Cepeda Taveras, quien pidió que todos los expedientes fuesen rechazados por improcedentes y mal fundadas, con excepción de la parte del expediente TC-01-2013-0082, en el que Tecnogrupo S.R.L. y Alex Vega, atacaron la  Ley  6-86,  sobre  el  Fondo  de  Pensiones  de  los  Trabajadores  de  la Construcción, emanada del Senado y la Cámara de Diputados de la República.

En representación del Senado y la Cámara de Diputados de la República Dominicana, actuó en todos los casos en que fue parte accionada, el licenciado Jerry de Jesús Castillo. 

El primer expediente conocido fue el TC-01-2013-0078, cuyo accionante fue Mirna Arelis Bodden Bruno, quien objetó los Artículos 31, 48 y 100, de la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, emanada del Senado y la Cámara de Diputados de la República.

Otro expediente fue el TC-01-2013-0080, en el que Nelson R. Santana Artiles atacó el Artículo 20, literal a, de la Ley 183-02 Monetaria y Financiera, emanada del Senado y la Cámara de Diputados de la República.

En el caso TC-01-2013-0081, el Distrito Municipal de Maimón objetó la Ley 66-13, que modifica la Ley 314-06, que eleva a la Sección de Maimón del municipio Puerto Plata a la categoría de Distrito Municipal, del Senado y la Cámara de Diputados de la República, y cuyo interviniente fue la Asociación Dominicana de Distritos Municipales, quien pidió que la acción fuese acogida por el TC.

El sexto expediente del día fue el TC-01-2013-0083, en cuyo caso la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados (ANDECLIP) objetó el cobro por el uso de las transmisiones digitales impuesto por la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos, de Música, Inc. (SGACEDOM).

El Centro Pedro Francisco Bonó intervino en el caso TC-01-2013-0084, en el que la Fundación Fesore, Inc., y la Fundación Coddi por la Soberanía, Inc., atacaron el Reglamento 327-13 del Poder Ejecutivo.

En su intervención voluntaria el Centro Bonó pidió que la acción directa fuese declarada inadmisible o, de lo contrario, que fuese rechazada en el fondo. Mientras que, el Poder Ejecutivo, en su calidad de accionado, no compareció en audiencia.

En el penúltimo expediente, el TC-01-2013-0086, Daniel Martín Sub atacó la Sentencia 1294/2013, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago; y el artículo 303 de Código Procesal Penal Dominicano, emanados del Senado y la Cámara de Diputados de  la República;   y  de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago.

Finalmente,  en el caso TC-01-2013-0087, Alfredo Peralta del Carmen atacó la Resolución 6202-2012 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia.