TC declara en estado de fallo expediente sobre Loma Miranda y otros 9 de acción directas en inconstitucionalidad

El Tribunal Constitucional (TC) dejó en estado de fallo 10 expedientes ventilados este viernes 13 de febrero y otorgó plazos en uno de ellos, relativo a Loma Miranda, a fin de que las partes puedan ampliar el  de sus conclusiones.

Al conocer el expediente TC-01-2014-0045 con el que la Fundación Padre Rogelio objetó el veto presidencial a la Ley que declaró a Loma Miranda Parque Nacional, la alta corte concedió un plazo de 5 días a los abogados que representaron al accionante para ampliar sus conclusiones.

La Fundación accionante fue representada por los abogados Sebastián Núñez, Euren Medina, Juan Manuel Morel  y Juan Frías, mientras que la empresa Falconbridge Dominicana, S.A envió como intervinientes a los juristas Reynaldo Ramírez Morel, Rafael Cáceres y Enrique Vallejo, a quienes la alta  corte concedió un plazo de tres días, posteriores a los otorgados a los primeros, para ampliar dispositivo de sus conclusiones.

El Procurador Adjunto, José Ricardo Tavera Cepeda representó al Poder Ejecutivo y al Procurador General de la República, solicitando el rechazo de la petición del accionante, por considerar que el veto presidencial emanó de una autoridad competente.

El Tribunal también rechazó la objeción que hizo la Fundación Padre Rogelio a los abogados representantes de la Falconbridge y señaló que vencidos los plazos otorgados, el caso queda en estado de fallo.

El TC dejó en estado de fallo el expediente: TC-01-2014-0042 en el que el alcalde del Municipio de Santo Domingo Este, Juan de los Santos, atacó los Artículos 45 y 63 de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios. Joel Casanova y Juan Antonio Delgado les representaron y la norma atacada emanó del Senado y Cámara de Diputados.

También se declaró en estado de fallo el expediente: TC-01-2014-0043 en el que la Asociación Nacional de Distribuidores de Gas Licuado de Petróleo, Inc. (ASONADIGAS) objetó los artículos 17, 23, 31, 42 y 117 de la Ley 358-05 General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario.

ASONADIGAS fue representada por los abogados Flavio Darío Espinal, Eduardo Jorge Prats, Octavio Rodríguez Huertas y Roberto Medina, mientras que Jerry de Jesús Castillo y Fede Cuello, representaron a la Cámara de Diputados,  Meglis Gil y Elsy Aquino, al Senado y Tavera Cepeda al Ministerio Público.

En el expediente TC-01-2013-0038 la Unión de Maestros Constructores, cuyos representantes estuvieron ausentes, objetó la Ley 6-86, que crea el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción. Tanto los abogados del Senado y la Cámara de Diputados, el Ministerio Público pidieron el rechazo del recurso. Fue dejado en estado de fallo, lo mismo que el expediente TC-01-2014-0037, con el que se objetaba una decisión de la Junta Municipal  de Rio Verde Arriba, en Villa Cutupú, La Vega.

El Tribunal dejó en estado de fallo los expedientes 01-2014-0040 y 41. En el primero varios ciudadanos, a través de los abogados Wilson Rodríguez, Berenice Navarro y José Martínez, objetan el Decreto 571-09 y con el segundo la Resolución 3646-2012 dictada por la Suprema Corte de Justicia.

Asimismo, el TC conoció los expedientes TC-01-2014-0046 y TC-01-2014-0047 en los que el ex general Rafael Percival Peña objeta el Artículo 30, acápite 9 del Reglamento 3-2013, que regula la Convención y la Normativa Complementaria del Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Percival Peña se representó asimismo junto al abogado Manuel Sierra Pérez y ambos casos quedaron en estado de fallo.

Otro expediente dejado en estado de fallo es el TC-01-2014-0048 por medio del cual el jurista Ramón Pina Acevedo Martínez y otros ciudadanos, objetan los artículos 1; 8, literal B; y 45 de la Ley 340-98, que crea el Instituto de Previsión Social del Congresista Dominicano, del 14 de agosto de 1998 y la Ley 15-01 que modifica el artículo 46 de esa Ley.

Los abogados Nelson Checo, Eduardo Jorge Prats y Roberto Rodríguez Reyes, representaron a los accionantes y las normas atacadas emanaron del Senado y Cámara de Diputados. El Instituto de Previsión Social del Congresista Dominicano, actuando como interviniente, se hizo representar por Cristóbal Rodríguez, Antonio de Jesús Capellán, Darío de Jesús Martínez y Aníbal Sánchez.

Por último, el expediente TC-01-2014-0049 fue dejado en estado de fallo. Con el mismo, Mónico Antonio Sosa Ureña, junto al abogado Pascual Soto, objetaron el Párrafo II, Letra C, de la Ley número 491-08, sobre casación, emanada del Senado y Cámara de Diputados, interviniendo Ángel María Medina de León, representado por Efren Ceballos, Frank Arístides Nín, Omar Sánchez y Berenice Méndez.

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