TC conoció diez expedientes de Acción Directa en Inconstitucionalidad; Declara cinco en estado de fallo, da plazos a cuatro y pospone uno
El Tribunal Constitucional (TC) conoció diez acciones directas de inconstitucionalidad al reunir al Pleno en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia. Entre los casos declaró cuatro en estado de fallo, dio plazos a cuatro de los expedientes y pospuso uno.
El expediente TC-01-2013-0068 fue declarado en estado de fallo y representaron al accionante Gustavo Enrique Ramírez Merán, los doctores Amauri Uribe, Pedro Reyes, Demetrio de los Santos y Juan Carlos, quienes pidieron declarar inadmisible la acción.
La magistrada Primera Sustituta del presidente del TC, Leyda Margarita Piña, se inhibió del caso, porque era miembro de la Junta Central Electoral (JCE), al momento de separar de su posición el regidor Ramírez Merán, detallando que en este expediente se atacó la comunicación del día 10 de abril del año 2010, dirigida por la Cámara Contenciosa a la Cámara Administrativa del organismo electoral, la Resolución núm. 521/2010 del 13 de julio 2010, de la Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral; y el Certificado de Elección que le fuera emitido a Martín Corporán Sepúlveda. Los actos atacados emanan de la JCE.
También fue declarado en estado de fallo el expediente: TC-01-2013-0076 con la reincorporación de la magistrada Piña y tuvo a Franklin Almonte Amador como accionante, quien atacó el Artículo 420 del Código Procesal Penal. La norma emanó del Senado y la Cámara de Diputados de la República. El representante del procurador general de la República, Ricardo José Tejeda Cepeda pidió se rechace por improcedente y mal fundado.
Con el tercer caso la alta corte también lo declaró en estado de fallo y se informó que Trinisis Lorin Rosa actuó en el Expediente: TC-01-2013-0088, atacando el Artículo 35 de la Ley núm. 1306-Bis, del 21 de mayo 1937; sobre divorcio por alegadas violaciones. El Senado y la Cámara de Diputados de la República son las autoridades de las que emanó la norma. El representante de la Cámara Baja, Jerry de Jesús Castillo propuso acoger en la forma la acción y el procurador adjunto, Ricardo José Taveras Cepeda opinó que en cuanto a la forma procede declararlo admisible y en cuanto al fondo no conforme con la Constitución.
El Tribunal Constitucional otorgó cinco días de plazo para que la parte accionante, ministerio público y el interviniente produzcan dispositivo escrito de sus conclusiones del Expediente TC-01-2013-0089, en que figuraron el Dr. Juan Miguel Castillo Pantaleón, Lic. Juan Miguel Castillo Roldán, Dra. Cristina Aguiar, Lic. Leila Roldán y el Dr. José Miguel Vásquez García amplíen sus dispositivos de conclusiones.
En este se atacó el Decreto núm. 327-13 del 29 de noviembre 2013, que establece el “Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en situación Migratoria Irregular en la República Dominicana”. La presidencia de la República es la autoridad de la que emanó la norma no tuvo ninguna representación en la audiencia y sin embargo el magistrado Milton Ray Guevara explicó que no era impedimento para conocerse el caso que tuvo como interviniente al Centro Pedro Francisco Bonó, representando por el doctor Nassef Perdomo Cordero.
En el quinto y sexto caso se otorgó plazo de un día calendario, el presidente del TC dijo que transcurrido el tiempo considerarán en estado de fallo. Específicamente en el Expediente TC-01-2013-0090, se otorgó plazo a partir del lunes para el procurador adjunto completar dispositivo ampliatorio y declararlo en estado de fallo. Actuaron la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Inc. (AIRD); Induveca, S.A.; Agua Crystal, S.A.; Productos Chef, S.A.; Molinos Modernos, S.A.; Sigma Alimentos Dominicana, S.A.; Font Gamundi, S.A.; Asociación de Industrias Farmacéuticas Dominicana, Inc. (INFADOMI), representados por los doctores Kirsis Reynoso y Juan José Espaillat.
Se atacaron los Artículos 17 y 18 del Reglamento de Aplicación de la Ley 253-12 (Ley de Reforma Fiscal)para el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad y el Desarrollo Sostenible (Decreto núm. 50-13) del 13 de febrero 2013. También en este expediente las nomas atacadas emanan del Presidente de la República.
Se especifica también la decisión para el expediente TC-01-2013-0091, en el que actuó la Compañía Victoriano Motors, S.R.L., representada por Juan Castillo Severino, que atacó la Sentencia núm. 056, de 4 de marzo 2010, y la sentencia núm. 404, de 25 de septiembre del 2013. Los actos atacados emanaron de la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo y la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia.
En ese orden, la alta corte declaró en estado de fallo los expedientes número siete y ocho de la audiencia. En el TC-01-2014-0001 actuó la Junta Municipal de la Caleta atacando los Artículos 7, Letra C; 77; 79; 80; 82 de la Ley 176-06 del Distrito Nacional y de los Municipios y la norma emanó del Senado y Cámara de Diputados de la República. Asimismo el expediente TC-01-2014-0002, tuvo como accionante a la Federación Nacional de Bancas de Lotería (FENABANCA), que atacó el Artículo 8 de la Ley núm. 139-11, de 24 de junio 2011 y las autoridades de donde emana la norma son el Senado y Cámara de Diputados de la República.
En el penúltimo expediente TC-01-2014-0003, fueron otorgados plazos de cinco días calendario a la parte accionante para ampliar sus conclusiones y posteriormente cinco días al procurador adjunto, Taveras Cepeda. La acción fue incoada por la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía y atacó los Artículos 3, 32 y 37 del Decreto núm. 327, que instituye el “Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en situación Migratoria Irregular en la República Dominicana”, de 29 de noviembre 2013. Representaron a la parte accionante los doctores Natanael Méndez, Helena Regalado, Elpidio Ramírez y Ricardo Elías Soto y el Centro Pedro Francisco Bonó, o parte interviniente, fue representada por el doctor Nassef Perdomo.
Al conocer, en la audiencia pública realizada el viernes 23 de mayo 2014, la corte decidió posponer el décimo expediente TC-01-2014-0004, dado que no se cumplieron algunas formalidades del proceso inicial. Figuró como accionante, Héctor Samuel del Valle Dotel, quien atacó la Sentencia núm. 863, del 3 de julio 2013; y el literal C del párrafo II del artículo 5 de la Ley núm. 491-08, del 19 de diciembre 2008 el acto y la norma atacada emanaron de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia; Senado y la Cámara de Diputados.
En esta audiencia además de los magistrados Ray Guevara y Piña, estuvieron presentes los jueces; Segundo Sustituto, Lino Vásquez Sámuel, Víctor Gómez Bergés, Ana Isabel Bonilla, Katia Miguelina Jiménez, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Idelfonso Reyes, Rafael Díaz Filpo, Justo Pedro Castellano Pizano, Hermógenes Acosta de los Santos y Wilson Gómez.
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