TC capacita a servidores jurisdiccionales sobre protección de derechos de niñas y mujeres

SANTO DOMINGO. La Comisión de Igualdad de Género del Tribunal Constitucional (TC) organizó una jornada de capacitación dirigida a servidores jurisdiccionales, titulada «Estándares internacionales en la protección de los derechos de las niñas y mujeres desde las obligaciones en materia de igualdad y no discriminación: reflexiones y experiencias comparadas».

En la actividad, encabezada por el presidente de esta alta corte, magistrado Napoleón R. Estévez Lavandier, la magistrada Army Ferreira, coordinadora de la Comisión de Igualdad de Género, destacó que en las últimas décadas la protección de los derechos de las mujeres y las niñas ha evolucionado significativamente, debido al fortalecimiento de estándares jurídicos orientados a garantizar una protección efectiva y erradicar todas las formas de discriminación estructural por razón de género y edad.

En ese sentido, resaltó el papel determinante de las cortes, salas y tribunales constitucionales para garantizar estos derechos, ya que, mediante sus decisiones, pueden concretar los principios de igualdad y no discriminación.

En el caso dominicano, la magistrada Ferreira expuso que, aun siendo el TC un tribunal relativamente joven, ha logrado desarrollar una línea jurisprudencial relevante en esta materia, con sentencias emblemáticas en diferentes ámbitos de protección, como casos de violencia de género intrafamiliar, los derechos civiles, la igualdad en la participación política de la mujer y la tutela reforzada de niños, niñas y adolescentes, entre otros.

Precisó que, aunque las sentencias del tribunal brindan una valiosa oportunidad para reflexionar sobre los desafíos que aún persisten en la sociedad, es necesario continuar fortaleciendo los mecanismos de protección de los derechos de las mujeres y las niñas.

Asimismo, indicó que la consolidación de una cultura de igualdad exige coherencia entre la jurisprudencia, la legislación y la práctica institucional. «El desafío no solo radica en la calidad de nuestras decisiones, sino en la capacidad del sistema jurídico para aplicarlas y convertirlas en estándares en casos concretos de realidades muy palpables», enfatizó.

«Como sede de la justicia constitucional dominicana, tenemos la obligación, es nuestro deber seguir asumiendo ese rol totalmente activo, que empuje a la República Dominicana a seguir construyendo un camino, a pasar desde la visión meramente formalista hacia la protección sustantiva, que sigamos corrigiendo las desigualdades normativas, que sigamos reflejando la obligación del Estado de tomar una decisión efectiva», expresó.

En el evento participaron los magistrados Miguel Aníbal Valera Montero, primer sustituto del presidente; Sonia Díaz Inoa y Amaury A. Reyes Torres, así como la secretaria Grace Ventura, directores, letrados y personal del área jurisdiccional.

Sobre la jornada

Esta actividad, que forma parte del Programa de Educación Continua para Servidores del Área Jurisdiccional, contó con las ponencias de las doctoras Mariel Ortega de los Santos y Ariadna Tovar Ramírez, asociada senior y consultora senior, respectivamente, del Centro de Salud y Derechos Humanos del Instituto O’Neill de Georgetown University.

Al iniciar la capacitación, las juristas explicaron que, aunque desde hace años se promueve la igualdad de género y la protección de los derechos de las niñas y mujeres, y se han registrado avances, aún persisten déficits de protección.

Como ejemplo, señalaron que en las Américas las mujeres continúan enfrentando violencia estructural, exclusión y marginación. Indicaron, además, que en la región se registran altas tasas de homicidios por razón de género, desapariciones y violencia sexual, así como limitaciones en la seguridad alimentaria, la educación y el acceso a la salud.

En ese contexto, destacaron la importancia de que los Estados cumplan con su obligación de respetar y proteger los derechos de las niñas y mujeres. Asimismo, destacaron el rol de los tribunales, especialmente los constitucionales, cuyos jueces deben considerar no solo problemáticas tradicionales como la violencia física, los feminicidios y las desapariciones, sino también los desafíos contemporáneos.

La abogada Tovar Ramírez enfatizó la necesidad de que los operadores de justicia conozcan los instrumentos y tratados internacionales que garantizan los derechos humanos de las niñas y mujeres, de los cuales la República Dominicana es signataria, y reiteró la obligación de los Estados de cumplirlos.

En ese orden, tanto Tovar Ramírez como Ortega de los Santos señalaron que los tratados internacionales deben adaptarse a las nuevas realidades, al igual que los órganos encargados de su interpretación.

Asimismo, las expositoras abordaron los distintos tipos de violencia contra niñas y mujeres y los estereotipos de género aún presentes. También analizaron sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionadas con este tema.

Sobre este punto, la jurista Ortega de los Santos resaltó cómo los sesgos en los operadores de justicia pueden incidir en las decisiones judiciales. «Muchas veces, cuando un órgano de justicia adopta una decisión, si el personal jurisdiccional tiene arraigados estereotipos, estos se reflejan en el contenido de la sentencia», indicó.

En sus ponencias, las expertas también tocaron las tres dimensiones de la protección de la salud establecidas por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH):  la autonomía, que se refiere a los aspectos relacionados con la libertad de controlar la propia salud y el cuerpo, e incluye derechos como el consentimiento informado, el acceso a la información y la confidencialidad médica; la prevención, relacionada con la obligación de los Estados de prevenir y controlar enfermedades, y la prestación, que se centra en el acceso oportuno a bienes y servicios de salud.

Además, se refirieron a otros elementos esenciales e internacionales de la protección de la salud en el DIDH, los cuales se sustentan en la disponibilidad, refiriéndose a un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud, así como personal médico y profesional capacitado; la accesibilidad, que incluye la física, la asequibilidad, el acceso a la información y la no discriminación; la aceptabilidad, que indica la necesidad de ser respetuosos de la ética médica y de la cultura de las personas y, por último, la calidad, que hace referencia a servicios apropiados desde el punto de vista científico y médico.

Imágenes del evento