Prensa Editorializa sobre Sentencia Dictada por el TC

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Publicación: Miércoles 02 de Octubre , 2013 / 02:36 P.M.
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Varios medios de prensa escrita han editorializado en torno a la Sentencia emitida por el Tribunal Constitucional el pasado 23 de septiembre de 2013. Entre ellos el diario El Día titula su opinión del 27 de septiembre LA SENTENCIA DEL CONSTITUCIONAL, mientras que ese mismo día, el Listín Diario editorializa con el título TRASCENDENTE SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL y el 30 de septiembre, Diario Libre enfoca el tema con el encabezado UNA SENTENCIA DE FUTURO. Veamos ...

TRIBUNA ABIERTA

Carta abierta al Tribunal Constitucional

Listin Diario 
La República 6 Octubre 2013

Por: Juan Manuel Rosario

Honorables Jueces del Tribunal Constitucional dominicano:

En torno a la Sentencia TC/0168/13 del Tribunal Constitucional dominicano se han emitido muchos juicios, con algunos rasgos de endofobia en algunos casos, y hasta de rechazo a los inmigrantes en otros, en cuanto al grado de su alcance jurídico; y eso es importante. Digo que es importante porque ha permitido que muchas personas, incluyendo dirigentes políticos, gobernantes y exgobernantes del país, legisladores, periodistas, economistas, sociólogos, politólogos, historiadores, ONGsÖ en fin, toda la sociedad, se hayan dado cuenta de la importancia para el Estado dominicano que tienen los aspectos migratorios. La política migratoria ha sido tratada por la clase política dominicana con un sorprendente desdén que ha dejado resultados muy delicados desde la perspectiva de mantener la integridad del Estado dominicano.

Leer texto completo

 

Ni “retirada” ni “despojo”(Editorial Listín Diario,

03 de octubre de 2013)

Un manejo equivocado de los vocablos hizo que la agencia noticiosa Prensa Asociada divulgara al mundo la información de que Haití había “retirado” a su embajador en República Dominicana en señal de inconformidad con un fallo del Tribunal Constitucional.

La propia agencia ha reconocido el error y lo ha enmendado, como cabe dentro de un ejercicio honesto del periodismo.

Pero si grave fue el desliz, la motivación para justificar el supuesto “retiro” del embajador Fritz Cineas resultó todavía más incomprensible. Dijo la agencia que el fallo del Tribunal Constitucional “despoja de la ciudadanía dominicana a niños de inmigrantes haitianos”.

No parece ajustarse totalmente a la esencia del fallo dicha afirmación pues, en realidad, el Tribunal Constitucional no está ordenando un “despojo” de la ciudadanía “a niños de inmigrantes haitianos”, sino que está estableciendo las condiciones o requisitos en que esta ciudadanía puede concederse a los hijos de cualquier extranjero que nazcan en nuestro país.

El fallo, pues, no es para “quitar” ciudadanía al que la tiene, sino para establecer las condiciones en que ésta debe concedérsele a los extranjeros. Todas las constituciones de las naciones civilizadas dicen taxativamente cuáles son las reglas básicas. Y aquel extranjero interesado en adquirirla tiene que someterse a tales normas. O no se la dan.

Si los padres extranjeros viven legalmente aquí, los hijos se considerarán ciudadanos dominicanos. La norma del Tribunal Constitucional no diferencia si los extranjeros son haitianos o libaneses, norteamericanos, peruanos o de cualquier otra nación. Es de carácter general.

En el contexto de las delicadas relaciones dominico-haitianas, cualquier interpretación incorrecta de los hechos o de los pronunciamientos que hagan las autoridades de los dos países puede suscitar malos entendidos que afecten aún más ese clima.

Las dos inexactitudes, la de la “retirada” y la de que el fallo es para “despojar” de la ciudadanía a niños de inmigrantes haitianos, constituyen un ejemplo de lo que estamos comentando.

EL NACIONAL
02 DE OCTUBRE DE 2013

Sin sobresaltos

No es previsible que el mundo se acabe por la llamada a consulta que ha hecho el Ministerio de Exteriores de Haití a su embajador en Santo Domingo, que se dice motivada por la sentencia del Tribunal Constitucional que clarifica concepto y alcance de la nacionalidad, porque le asiste ese derecho, al que extrañamente no recurrió el Gobierno dominicano cuando las autoridades haitianas divulgaron la falsa noticia de que aquí había fiebre aviar.

La sentencia de referencia ha sido votada por una alta corte con absolutas facultades para ejercer el rol de control constitucional por cuanto sus efectos se reputan de aplicación y obediencia obligatoria en todo el territorio nacional y para todos los ciudadanos dominicanos o extranjeros asentados sobre la geografía del dominio del Estado y del Gobierno.

Es ese un fallo histórico que tiene de bueno que ha esclarecido la voluntad del constituyente respecto a los vocablos jus sanguinis (sangre) y jus solis (suelo) como parte esencial del derecho a la nacionalidad dominicana; y de malo que, al establecer que no son dominicanos los hijos de indocumentados, provoca un escenario jurídico de afectación para miles de personas que la ley adjetiva debe resolver.

Sería absolutamente inaceptable que el Gobierno haitiano ejerza algún tipo de presión diplomática o de cualquier otra índole que pueda ser interpretada como retaliación contra un Estado soberano porque su Corte Constitucional evacuó una sentencia reivindicadora de su derecho a establecer y esclarecer el concepto de nacionalidad.

Puerto Príncipe carece de suficiente inventario moral para exigirle a República Dominicana que supla deficiencia imputada al Estado haitiano, de no registrar ni dotar de identificación a la mayoría de sus súbditos, muchos de los cuales se asientan en condición de indocumentados en el lado este de la isla. Es irrenunciable el derecho del Gobierno dominicano de poder reglamentar la residencia o permanencia en su territorio y de establecer los requisitos exigibles para obtener u otorgar la nacionalidad.

Ojalá que el fallo de la Corte Constitucional no agrave las relaciones dominico-haitianas como se ha presagiado, pero es preciso señalar que los principios de soberanía y autodeterminación nunca serían dados en sacrificios en aras de conservar un tipo de nexo filisteo o degradante con ningún otro Estado o gobierno.

Lo que corresponde ahora es que la ley adjetiva supla los daños jurídicos colaterales que pudo causar el fallo del Tribunal Constitucional, sin perjuicio de las prerrogativas inalienables ya citadas y sin aceptar forma alguna de intimidación de grandes metrópolis, organismos multilaterales o propios vecinos.

El Gobierno ofreció elevada demostración de sensatez y prudencia ante la situación de grave perjuicio para el interés nacional causado por el anuncio de la ministra de Salud de Haití de suspensión de las importaciones dominicanas de huevos y pollos bajo el argumento de que aquí había fiebre aviar. Ojalá que ante la sentencia de la Corte Constitucional los vecinos exhiban igual moderación.

 

La sentencia del Constitucional 

El Tribunal Constitucional se empleó a fondo y emitió una sentencia sobre un tema bastante sensible y conflictivo, que es el relativo a la definición del concepto de extranjero en tránsito en República Dominicana. 

A la vez esto implica una decisión sobre si les corresponde o no la nacionalidad dominicana a los hijos de extranjeros que habitan en el país de manera ilegal. 

Con esta sentencia se aborda el tema desde el punto de vista jurídico, lo cual a su vez podría servir de base para implementar las soluciones definitivas a un problema humano. 

Al margen de las consideraciones que cada quien pudiera tener sobre el contenido de la citada decisión, las instituciones dominicanas han dado un puntillazo definitivo al tema de los criterios para obtener la nacionalidad dominicana.

Sobre esa base toca ahora implementar las acciones para atender los casos de los hijos de padres extranjeros ilegales en República Dominicana, también utilizando los mecanismos legales que nuestro armazón jurídico nos brinda.

¿Quién ha dicho que no pueden caminar de la mano el respeto al marco jurídico con el humanitarismo?

El país tenía la necesidad de resolver la discusión jurídica sobre los criterios para obtener la nacionalidad. Institucionalmente esto es lo que acaba de hacer el Tribunal Constitucional, fortaleciendo así una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia sentada en diciembre de 2005.

Ahora las instituciones del Estado dominicano tienen la obligación de abordar el asunto humanitario para resolver el problema de documentación de los miles de hijos de extranjeros ilegales que han nacido en nuestro territorio. 

Ellos mismos recobrarán el sosiego cuando esto se haga, y al final, si hay voluntad, República Dominicana podrá cerrar este capítulo. 

Listin Diario  

27 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

Trascendente sentencia del Tribunal Constitucional

Al país le afectó mucho en su imagen internacional, la denuncia de que aquí se estaba “desnacionalizando” a ciudadanos nacidos, o descendientes de haitianos, en franca violación a derechos humanos y migratorios.

Sobre el particular, la investigación de una comisión especial de la Cámara de Diputados estableció que la denuncia era una pura falacia.

No obstante, agencias de las Naciones Unidas se hicieron representar en una reunión con el presidente Danilo Medina, para hacer que este se involucrara en la controversia creada por la insostenible denuncia y recibiera una comisión de haitianos para escuchar sus reclamos.

Respetando el principio de la separación de los poderes, el Presidente dijo que aun cuando es sensible al drama de los indocumentados, no podía inmiscuirse en los ámbitos de otros poderes del Estado para procurar arreglos al margen de lo que dicen la Constitución y las leyes, sobre quién es dominicano y cómo se adquiere la nacionalidad dominicana en el caso de los extranjeros.

El Tribunal Constitucional, apoderado de un recurso de una ciudadana de padres haitianos que alegaba haber sido víctima del tipo de “desnacionalización”, tan aireado en el ámbito internacional por organizaciones no gubernamentales bien pagadas para armar esos coros escandalosos, ha emitido una histórica sentencia poniendo las cosas en su justo lugar, irreversiblemente.

Afincado en lo que claramente postula nuestra Constitución y en un principio inalterable desde 1929, el Tribunal Constitucional ha ratificado el canon constitucional que establece que los hijos de padres extranjeros de tránsito en el país, es decir, sin residencia legal ni documentos oficiales de identidad, no adquieren la nacionalidad dominicana por el hecho de haber nacido aquí.

Y para evitar más conflictos de interpretación en el futuro, el Tribunal ha solicitado al Gobierno que proceda a poner en ejecución el plan nacional de regulación de extranjeros ilegales en el país, y a la Junta Central Electoral que realice una auditoría minuciosa de los libros-registros de nacimientos que se han producido desde 1929 hasta la fecha, para depurar el listado de los extranjeros irregularmente inscritos.

Es el definitivo punto de partida para dejar esclarecido este asunto y para cerrar el paso a toda interpretación caprichosa y capciosa de nuestra Constitución y leyes sobre esta materia, a ver si de esa manera el país deja de ser estigmatizado con las campañas mediáticas que tanto afectan su imagen ante el resto del mundo.  

DIARIO LIBRE 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2013  

Una sentencia de futuro  

El Tribunal Constitucional sabía cuando aceptó conocer el caso de la señora Juliana Dequis (o Deguis) Pierre, que cualquier decisión iba a ser controversial, pero no podía eludir la responsabilidad.

Hubiese sido fácil para los magistrados de la alta corte irse por la tangente y decidir de manera simple el caso, pero optó por el camino difícil sabiendo que existe una preocupación nacional sobre el tema. 

La decisión fundamental no se refiere a la situación particular de la señora Dequis (o Deguis) Pierre, sino a la pusilánime, casi cobarde actitud, del Gobierno dominicano frente a Haití. 

El Gobierno dominicano se ha dejado pegar a la pared por la ofensiva de los grupos haitianos en el país y de fuera. En verdad, aunque debemos sentirnos avergonzados por las condiciones en que vivieron los haitianos en los ghettos azucareros, hoy en día las cosas han cambiado: los ricos haitianos viven entre los ricos dominicanos y los pobres haitianos entre los pobres criollos.

Nada nos impedía tomar una actitud más proactiva frente a la "cuestión" haitiana. Pero prácticamente no se hizo nada y eso es lo que quiere resolver esta decisión. Ese es su valor y ese será su legado.

Más delicado es el asunto de la corrección a la Corte Interamericana que es consecuencia también de la pobre defensa del Gobierno dominicano, pero que envuelve temas de derecho internacional más delicados.

A esta sentencia hay que darle su tiempo porque ella sienta las bases para la solución definitiva del problema legal. Ojalá el Gobierno no vuelva a fallar en este asunto fundamental. 

atejada@diariolibre.com

Dice es normal llamado consulta embajador Haití (NOTA EL NACIONAL)


El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, calificó hoy como normal el llamado a consulta que hizo el Gobierno haitiano a su embajador en el país Fritz Cineas.

La acción de las autoridades del vecino país es en respuesta al fallo del Tribunal Constitucional que negó la nacionalidad a una dominicana de ascendencia haitiana cuyos padres fueron considerados “extranjeros en tránsito” por el organismo.

“Que yo sepa en el caso del embajador haitiano no ha habido retiro, la información que disponemos es de que ha sido llamado a consulta, que es una cuestión normal en los procedimientos diplomáticos que el gobierno acreditante de un embajador lo llame para tener informaciones sobre determinado acontecimiento”, puntualizó.

Declaró que la medida del Gobierno no se trata de un mecanismo de presión, tras insistir que la medida es un proceso normal en los procedimientos diplomáticos.

Admitió que la actitud del Gobierno haitiano fue generada por la decisión del Tribunal Constitucional dominicano, por lo que entiende que el hecho que ha generado la situación demande una explicación de las autoridades del vecino país a su embajador.

Sin embargo, César Pina Toribio, al ser entrevistado este miércoles en el Palacio Nacional, calificó de legítima la decisión tomada por el Tribunal Constitucional dominicano que negó la nacionalidad a una ciudadana de ascendencia haitiana.

En un comunicado dado a conocer anoche en Puerto Príncipe, la Cancillería haitiana señaló que está “muy preocupada” por el fallo del Tribunal Constitucional de República Dominicana, y agregó que fijará la posición del Gobierno haitiano en el menor tiempo posible.

Ayer el Sistema de las Naciones Unidas informó que estudia la coherencia de la sentencia del Tribunal Constitucional con tratados internacionales de los que el Estado dominicano es signatario, y precisó que en unas semanas fijaría posición oficial sobre el fallo que niega la nacionalidad dominicana a hijos de indocumentados.

La información la dio a conocer el coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas y representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Lorenzo Jiménez de Luis.

Agregó que las sedes de la organización internacional fijarán posición oficial luego de un examen de la sentencia del TC.

Por Sudelka García