Magistrados TC dialogan con jueces sobre la jurisprudencia constitucional en materia penal
Los magistrados Manuel Ulises Bonnelly Vega y Amaury A. Reyes Torres participaron en el «Diálogo sobre la actualización jurisprudencial constitucional en materia penal», en el que explicaron a jueces de diferentes tribunales penales del país las últimas sentencias emitidas por esta alta corte relacionadas con el sistema penal
SANTO DOMINGO. Los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) Manuel Ulises Bonnelly Vega y Amaury A. Reyes Torres participaron como ponentes en el «Diálogo sobre la actualización jurisprudencial constitucional en materia penal», organizado por la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ), en coordinación con esta alta corte a través de su Centro de Estudios Constitucionales, con el objetivo de fortalecer las capacidades de los jueces del Poder Judicial para interpretar y aplicar la jurisprudencia constitucional al momento de dictar sentencias en materia penal.
En sus intervenciones, los magistrados ofrecieron detalles y explicaron los razonamientos de las últimas decisiones que ha emitido esta alta corte relacionadas con el sistema penal y las consecuencias que acarrean las mismas.
Al iniciar, el magistrado Bonnelly Vega indicó que el TC, máximo garante de los derechos fundamentales en la República Dominicana, tiene un alto compromiso con el aspecto que más se toca en los tribunales del país: el debido proceso de las personas que enfrentan o acuden al sistema penal.
«No puede ser posible que donde los derechos fundamentales más se ven tentados a ser afectados, el tribunal no mire, y no le importe o no les dé relevancia, a esos aspectos», expuso previo a indicar que el proceso penal atañe al derecho fundamental más importante después de la vida, que es la libertad.
Asimismo, el magistrado Reyes Torres precisó que el Pleno del TC ha prestado mucha atención al ámbito penal y procesal penal. «Hay interés del Pleno del tribunal de entrar en una conversación con ustedes, que son los jueces que están en las trincheras», expuso.
La primera sentencia abordada en este conversatorio fue la TC/0765/24, que declaró inconstitucional la Ley núm. 10-15, que introduce modificaciones a la Ley núm. 76-02, que establece el Código Procesal Penal, debido a los vicios de forma detectados en su procedimiento de aprobación y exhortó al Congreso Nacional a elaborar una nueva normativa que subsane la situación de inconstitucionalidad dentro de un plazo no mayor a un año.
Igualmente, se explicaron las razones por las que el TC dictó la Sentencia TC/0722/24 en la que examina un fallo en materia de «habeas corpus», que es un procedimiento judicial al que puede acudir cualquier persona privada de libertad si estima que lo está ilegalmente.
La Sentencia TC/0271/24, relacionada con el plazo razonable del proceso penal, fue otro de los fallos emitidos por el TC que fueron abordados durante la actividad.
Asimismo, se habló sobre las sentencias TC/0719/24 (relacionada con la duración máxima del proceso), y la TC/0766/24, en la que este tribunal declaró inconstitucional el artículo 291 de la Ley núm. 76-02, por considerar que vulnera el principio de razonabilidad inserto en el numeral 15 del artículo 40 de la Constitución y exhortó al Congreso Nacional a que elabore una nueva redacción del indicado artículo dentro de un plazo no mayor a un año.
Por último, los jueces Bonnelly Vega y Reyes Torres abordaron la Sentencia TC/0592/24, en el que esta alta corte acogió en parte una acción directa de inconstitucionalidad contra el artículo 283 de la Ley núm. 72-02, que establece el Código Procesal Penal de la República Dominicana
Al presentar a los ponentes, el juez Claudio Aníbal Medrano, coordinador del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, destacó la hoja de vida de los magistrados y la importancia de este tipo de eventos formativos, al tiempo de resaltar la labor que realiza el TC, órgano garante la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales.
Esta actividad realizada en la ENJ, a la que asistieron jueces de diferentes tribunales penales del país, busca promover una integración efectiva de los precedentes del TC en las decisiones que toman los administradores de justicia y con ello garantizar el respeto a los derechos fundamentales y el cumplimiento de las normas constitucionales.
Imágenes del evento
