Magistrados de Perú, RD y España participan en coloquio sobre la importancia de la familia en la sociedad

SANTO DOMINGO. – Juristas de Perú, República Dominicana y España participaron en el coloquio titulado «Derecho constitucional a una vida sin violencia», realizado en el marco de la Primera Feria Constitucional Internacional sobre la Familia y la Igualdad que realizó esta semana el Tribunal Constitucional de República Dominicana (TCRD).

Durante su intervención, la magistrada Luz Pacheco, vicepresidenta del Tribunal Constitucional de Perú, abordó el concepto de familia desde el punto de vista ético y jurídico y señaló los principios de protección familiar establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros instrumentos que indican la responsabilidad del Estado en esta temática.

Pacheco también se refirió a los mínimos principios éticos para la convivencia pacífica, la reacción de la sociedad civil en la defensa de la institución familiar, la influencia de los medios de comunicación y los contenidos del currículo escolar, entre otros tópicos relacionados.

«Nacemos como miembros de la familia humana, pero solo la educación nos hace verdaderamente humanos», dijo y a continuación destacó la importancia de las tres palabras mágicas que se aprenden en el hogar: gracias, permiso y por favor.

Magistrado Manuel Ulises Bonnelly Vega

El magistrado Manuel Ulises Bonnelly Vega, juez del Tribunal Constitucional, manifestó que la Constitución dominicana garantiza una vida sin violencia al establecer que todas las personas tienen derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, y que el Estado debe proteger a todos.

En ese sentido, explicó que el texto constitucional prohíbe las penas, torturas o procedimientos humillantes que impliquen la pérdida o disminución de la salud o de la integridad de las personas; condena la violencia intrafamiliar y de género en cualquiera de sus formas y dispone que nadie puede ser sometido, sin consentimiento previo, a experimentos y procedimientos que no se ajusten a las normas científicas y bioéticas internacionalmente reconocidas ni a ningún tipo de examen o procedimiento médico, salvo que se encuentre en peligro su vida.

«El derecho a una vida libre de violencia permite que ninguna acción u omisión basada en el género cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público», expresó el juez.

Sobre la violencia contra la mujer, el magistrado Bonnelly Vega precisó que el Tribunal Constitucional ha sido un gran defensor del derecho de las mujeres, lo que ilustró mencionando varias sentencias de esta corte que garantizan la igualdad y la protección de la vida de la mujer frente al hombre,  entre ellas la TC/0238/17 y la TC/0512/20, que estiman que los organismos del país tienen en sus manos la potestad de salvaguardar la integridad física de las personas y su dignidad, y la TC/0104/20, que establece la cuota de participación de la mujer a los cargos electorales por demarcación territorial, y no a nivel nacional.

Rosa Pérez, jueza del TSE

La jueza del Tribunal Superior Electoral (TSE), Rosa Pérez de García, afirmó que para que se respeten y reconozcan a la mujer los derechos, libertades, seguridad personal, igualdad ante la ley y sus derechos civiles y políticos se ha debido desarrollar una lucha ardua, pero que todavía le queda un largo camino por recorrer.

La magistrada dijo que la desigualdad persiste a pesar de los derechos ya reconocidos por la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la cual señala en su artículo 3 que «Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado».

La jueza del TSE sostuvo que el derecho humano a una vida sin violencia es un derecho fundamental inherente a la integridad personal, a la dignidad, a la igualdad entre hombres y mujeres y al libre desarrollo de los derechos civiles y políticos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos.

Tras hacer un análisis de las disposiciones que han establecido la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades, partiendo de lo que dispone la Constitución en su artículo 39, que consagra el derecho a la igualdad y reconoce derechos  específicos para todas las personas, incluyendo el derecho a una vida libre de violencia y en igualdad de oportunidades, se preguntó si no es una forma de violencia que aún la participación política de la mujer deba manejarse en base cuotas.

Magistrado Enrique Arnaldo Alcubilla

El magistrado Enrique Arnaldo Alcubilla, juez del Tribunal Constitucional de España,

destacó el reconocimiento expreso de la Constitución dominicana, que integra el derecho a vivir una vida sin violencia en el derecho a la integridad personal, que se configura como una de sus manifestaciones en el artículo 42.

«El derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia se configura como un marco de protección sin el cual no es posible el ejercicio de otros derechos fundamentales», resaltó.

Recordó que también los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas (Agenda 2030) integran la vida libre de violencia para niños, niñas y adolescentes.

«La sociedad entera ha adquirido una sólida conciencia de la esencialidad de garantizar una vida, digna, plena, erradicada en seno de violencia».

Alcubilla definió violencia a partir de lo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que dice que es «el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones».

Acerca del coloquio

La moderación estuvo a cargo de Dilia Leticia Jorge Mera, viceministra de Innovación, Transparencia y Atención Ciudadana del Ministerio Administrativo de la Presidencia dominicana, mientras magistrado del TC Miguel Valera Montero leyó la hoja de vida de los participantes.

Asistieron al coloquio el magistrado presidente del TC, Dr. Milton Ray Guevara; los magistrados Víctor Joaquín Castellanos Pizano y Domingo Gil, las magistradas} Alba Luisa Beard Marcos, coordinadora de la Unidad de Igualdad de Género de esta alta corte, y Eunisis Vásquez Acosta, integrante. También la secretaria Grace Ventura Rondón

Esta actividad formativa es organizada por la Unidad de Igualdad de Género de esta alta corte, que coordina la magistrada Alba Luisa Beard Marcos e integran, junto a ella, las magistradas María del Carmen Santana de Cabrera y Eunisis Vásquez Acosta, así como los magistrados Manuel Ulises Bonnelly Vega y José Alejandro Vargas Guerrero.

Imágenes del evento