Magistrado Ray Guevara dice tribunales son intérpretes de la constitución, producen jurisprudencia y cambios sociales

LA ROMANA.  El magistrado Milton Ray Guevara declaró que los tribunales constitucionales, como máximos intérpretes de la Constitución, producen una jurisprudencia que permiten impulsar los cambios sociales e institucionales que la sociedad necesita.

Al dictar la conferencia magistral “Decisiones Relevantes del Tribunal Constitucional”, destinada a profesionales, estudiantes e invitados especiales en el recinto de la Universidad Federico Henríquez  y Carvajal (UFHEC) el presidente del TC sostuvo que en el caso dominicano la Constitución refiere a la naturaleza de un  Estado social y democrático de derecho.

Recordó que durante mucho tiempo hasta la reforma constitucional de 2010, en el texto constitucional prevalecía la idea de que el Estado dominicano era democrático y que desde la primera carta sustantiva, en 1844, se  creó un Estado liberal, con énfasis en proteger la libertad de los ciudadanos, con la influencia de la Revolución Francesa.

El presidente del alto tribunal basó su conferencia en una selección de las más importantes decisiones del TC, que conforme a la Constitución y la Ley Orgánica 137-11, constituyen precedentes vinculantes para todos los poderes públicos, dado su carácter de órgano de cierre de la interpretación de la Ley Suprema.

Precisó Ray Guevara que las decisiones del TC producen una jurisprudencia vinculante que permite impulsar los cambios sociales e institucionales que la sociedad necesita para vivir en Constitución.

Dijo que la reciente jurisprudencia del TC contenida en más de mil sentencias en sus primeros tres años y medio, ha hecho importantes aportes, estableciendo garantías para los sectores vulnerables de la población.

El presidente del TC citó entre esos casos: feminicidios, violencia intrafamiliar, uniones consensuadas, parceleros de la reforma agraria, expropiación, derecho a la educación, defensa del patrimonio ecológico nacional y de los bienes del dominio público, debido proceso, derechos de los envejecientes, autonomía de los órganos constitucionales, regulación migratoria y perfiles de la nacionalidad dominicana.

Expuso que una decisión de impacto social es la sentencia TC-0013-2012, de fecha 10 de  mayo de 2012, donde apoderado de una acción directa en inconstitucionalidad interpuesta por Virgilio A. Castillo P., y Rafael Báez Soto, contra una resolución que cambiaba de posición la candidatura a un miembro de un partido político.

El Tribunal estableció que a pesar de que es un asunto de mera legalidad, el presente caso surge de la práctica de los partidos políticos de cambiar posiciones electivas o de despojar candidaturas, que han sido el fruto de convenciones legítimas, en violación a la transparencia y a su democracia interna.

En su sentencia TC/0018/12, de fecha 13 de junio de  2012, el Tribunal estimó que las formalidades establecidas en los recintos de detención de internos preventivos deben poseer un protocolo que regule las entradas y salidas de los defensores públicos y los abogados.

Se refirió a la sentencia TC-0033-2012, que declaró inconstitucional los artículos 15 y 16 de la Ley 2569, de 1950, de Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, que obligaba a los dominicanos residentes en el exterior a pagar un 50% más del valor de los bienes sucesorales, por ser contrarios a los principios de igualdad y equidad consagrados en nuestra Constitución.

En el ámbito del Derecho de Propiedad, el Tribunal Constitucional conoció una revisión de decisión de amparo, en la cual el recurrente Isidro Melo Otaño, había recibido una porción de terrenos de manos del Instituto Agrario Dominicano (IAD), en los programas de reforma agraria, fue despojado posteriormente del 50%, que fue asignado  a un tercero. Mediante la sentencia TC/0036/12, del 15 de agosto de 2012, el Tribunal revocó la ordenanza del Juez de amparo de primera instancia y acogió la acción interpuesta por el afectado.

Sobre el Derecho a la Intimidad y Protección de Datos Personales de los funcionarios públicos contra el Derecho al Libre Acceso a la Información Pública de todo ciudadano, contenido en la sentencia TC/0042/12, de fecha 21 de septiembre de 2012, con la que se dio respuesta a una revisión constitucional interpuesta por Manuel Muñoz Hernández contra la Cámara de Diputados.

El Tribunal consideró que si bien el nombre es un dato que permite identificar a las personas e individualizarlas, no se trata de datos o informaciones personales o íntimas. De modo que aunque el derecho a la intimidad es un valor fundamental del sistema democrático, no puede restringir el derecho de libre acceso a la información pública, por el riesgo de que la ciudadanía quede sin las herramientas para controlar el uso y manejo de los recursos públicos, a fin de colocar obstáculos a la corrupción en la Administración Pública.

En el acto habló el rector de la academia Alberto  Ramírez, quien dijo sentirse honrado con la visita del magistrado Ray Guevara, por su disposición de compartir con estudiantes y profesores del área de derecho sus conocimientos y por un encuentro es el inicio de un proceso de acercamiento entre ambas entidades y el decano de la Facultad de Derecho y Economía, Manuel Ramírez Susaña, tuvo a su cargo la presentación del conferencista.

La línea de honor estuvo integrada además del conferencista, magistrado Ray Guevara, por el rector nacional, Alberto Ramírez, el director del centro en La Romana,  licenciado Cándido de Jesús, el decano de la Facultad de Ciencia Jurídica y Económica, magistrado Ramírez Susaña.

Asimismo, la doctora Nora Rubirosa directora de la escuela de Derecho, el exdiputado por la provincia Frank Martínez, el gobernador provincial Juan José Santana y el fiscal Richard Guilamo Cedano.

Al final de la conferencia el rector UFHEC, entregó una placa de reconocimiento al doctor Milton Ray Guevara,  por su trayectoria de vida y trabajo a través de su labor docente y su aporte a la interpretación de la justicia con su labor en el TC,  mientras que el decano de la facultad de Derecho, le otorgó una copia de la primera Carta Magna de Inglaterra “Juan sin tierra”.

Asimismo, el magistrado presidente entregó un conjunto de publicaciones del TC al rector de la academia, al director de extensión, a la directora de la Escuela de Derecho para ser usados en las actividades formativas de los estudiantes,  de derecho.

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