Magistrado Manuel Ulises Bonnelly Vega afirmó que sin independencia judicial no hay Estado de derecho
El juez constitucional participó como panelista en Congreso Mundial de Derecho realizado durante tres días en RD
SANTO DOMINGO.- Al participar en el panel «Amenazas para la independencia judicial en las Américas» que se realizó dentro de la 29.a edición del Congreso Mundial de Derecho (World Law Congress 2025), el magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Manuel Ulises Bonnelly Vega destacó que sin independencia judicial no hay Estado de derecho y, por ende, no hay seguridad jurídica, y sin seguridad jurídica no hay progreso ni crecimiento de una nación que se quiera llamar democrática.
Durante su intervención mencionó los factores que, en la región, contribuyen o impiden concretizar la independencia judicial, y el primero fue el de la intrusión o injerencia del poder político, «la propensión de los demás poderes del Estado y sus miembros a querer interferir y controlar las decisiones de los jueces» es un factor clásico que el Poder Judicial ha tenido que enfrentar desde la concepción misma de la separación de los poderes del Estado.
Recordó que partir de la década de los setenta —e incluso hasta los noventa del siglo pasado— el conteniente americano y, en especial, Latinoamérica, ha ido avanzando en la independencia judicial, atrapada por mucho tiempo en la lucha de poder de la clase política, introduciendo fórmulas legislativas para optimizar la selección de los jueces y creando medidas para reforzar la ética y la transparencia judicial.
También ha mejorado la impartición de justicia en su dimensión de servicio ciudadano, concebida como garantía de derechos, y promocionado la participación de la sociedad civil como forma de fiscalizar estos procesos.
Afirmó que en el caso de la República Dominicana, tras una crisis política electoral que se resolvió mediante un consenso de la clase política, en 1994 se inició una importante reforma judicial que conllevó a una reforma constitucional con importantes modificaciones como la creación del Consejo Nacional de la Magistratura, la autonomía financiera y administrativa del Poder Judicial, la introducción del control concentrado de constitucionalidad de las leyes y la inamovilidad absoluta de los jueces.
El segundo factor que identificó es el fomento, por parte de la clase política, del llamado populismo alrededor de los procesos judiciales mediante los llamados juicios paralelos o juicios públicos informales que se van desarrollando en el seno de la ciudadanía, donde está arraigado el discurso populista. Esto puede afectar gravemente la actividad jurisdiccional.
Las características principales de los juicios paralelos es que, contrario a los procesos judiciales, ocurren fuera de los tribunales y no están gobernados por reglas constitucionales y procesales. En estos, el público general y los medios de comunicación actúan como jueces, fiscales y jurados; no hay defensores, y están basados en suposiciones, ideas o en informaciones muchas veces carentes de fundamento jurídico válido o que no han sido verificadas.
El tercer factor que está poniendo a prueba el ejercicio jurisdiccional incluso a nivel global es el denominado «lawfare», concepto que originalmente nació para explicar el uso de la ley con el fin de alcanzar objetivos de naturaleza militar, pero que evolucionó para adquirir una nueva dimensión preocupante: el uso de lo legal como instrumento del que abusan los operadores políticos para conseguir deslegitimar o debilitar a un enemigo político.
«Fuimos uno de los primeros en la historia dominicana en este modelo (…) Tuvimos el primer presidente de la República Dominicana que luego de abandonar el cargo estuvo preso», dijo.
Del mismo modo, se refirió a los factores que contribuyen con la independencia judicial, como la existencia de métodos transparentes y democráticos de elección de los jueces; su estabilidad en el cargo y la independencia presupuestaria y administrativa del Poder Judicial.
Asimismo, hizo referencia a la independencia financiera y administrativa, que fortalece la independencia judicial y la imparcialidad, «toda vez que un sistema que administra justicia en forma oportuna, eficiente y efectiva gana la confianza y el respeto de la población general». Sobre esto señaló que impartir una justicia eficaz y eficiente contribuye a que la opinión pública y la sociedad civil, en su rol de auditora del manejo de los poderes públicos, aboguen por la independencia presupuestaria del Poder Judicial.
En este conversatorio participaron también como panelistas Paola Andrea Meneses Mosquera, vicepresidenta del Tribunal Constitucional de Colombia; Fernando Castillo Víquez, presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; César Landa Arroyo, expresidente del Tribunal Constitucional de Perú; Alejandra Cárdenas Reyes, magistrada del Tribunal Constitucional de Ecuador y Hartmut Rank, director del Programa de Estado de Derecho de la Fundación Konrad Adenauer, quien fungió como moderador.
Entre los asistentes al panel estuvieron el magistrado del TC, José Alejandro Ayuso, estudiantes y profesionales del ámbito jurídico.
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