Magistrado Gómez Bergés pondera en Curazao esfuerzos de los Estados por alcanzar la integración

El doctor Víctor Gómez Bergés, magistrado del Tribunal Constitucional dominicano, dictó la conferencia “Integración Económica y Derechos Fundamentales en América Latina” en ocasión de la “VIII Jornadas Continuas de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales”, realizada en la “Universidad Internacional del  Caribe”, en Curazao del 19 al 22 de noviembre del presente año.

En su ponencia el ex canciller, en representación de la República Dominicana, resaltó que “el derecho internacional tiene dentro de sus principales responsabilidades, establecer los derechos y deberes de los sujetos de la comunidad internacional, garantizar la paz universal, promover la defensa de los derechos fundamentales de los hombres y mujeres, regular las relaciones entre Estados y de los Estados con los demás sujetos de derecho internacional y regular la competencia de los Organismos Internacionales”.

“La integración económica implica que cada país debe ir de manera paulatina adaptando sus normas, su sistema económico y jurídico, a estándares mínimos establecidos entre los Estados, porque no todos los países al momento de suscribir convenios para elevar los niveles económicos de los Estados firmantes, tienen los mismos niveles de economía y mucho menos cuentan con un sistema judicial común”, señaló.

Agregó que “es necesario que cada uno de los Estados se adecúe a lo pactado de forma tal, que un Estado no resulte perjudicado o esté en desventajas frente a otro, tomando en cuenta que lo que se procura con la integración es el desarrollo, dinamización, protección conjunta del sistema económico y la elevación de los niveles de vida de todo los ciudadanos”.

El magistrado Gómez Bergés asistió por tercer año consecutivo al evento dirigido a  estudiantes y profesionales en las áreas del Derecho, Ciencias Políticas, Estudios y Negociaciones Internacionales, Comercio Internacional, sector empresarial y público en general y con la presencia de destacados intelectuales y juristas internacionalistas de diferentes países.

Señalo que “la unión entre países ha sido un componente importante para obtener victorias fundamentales en diversos aspectos y para que los Estados puedan convivir de forma armónica, por lo que necesariamente deben fomentar relaciones bilaterales que les permitan desarrollar sus economías  y los niveles de vida de sus ciudadanos”.

En ese orden, el juez del Tribunal Constitucional dominicano, hizo un recuento histórico del surgimiento de la Unión Europea y la integración económica que han procurado desarrollar los países de América Latina.
Apuntó que “la integración económica entre los Estados es cada vez más frecuente y sostenida, dado el hecho que los pueblos se han percatado de los beneficios que implica tener un mercado común, ahora bien, para pertenecer a ese mercado, desde luego que deben establecerse reglas de derechos y deberes que tienen que cumplir los países que deseen formar parte de un mercado común, sobreponiéndose a las dificultades que se presenten, ya sea por la diversidad de cultura, de idioma, régimen jurídico o productividad”.

Destacó que la República Dominicana es un Estado miembro de la comunidad internacional, abierto a la cooperación y apegado a las normas del derecho internacional y promueve las iniciativas económicas.
Consideró que esas proclamaciones sirven de impulso a la inversión económica nacional y extranjera, en razón de que todo empresario busca que el Estado donde ha de realizar su inversión, incentive el desarrollo económico, presente un clima favorable para la producción e inversión de capitales y donde se ofrezca protección y seguridad jurídica a los inversionistas.

El magistrado Gómez Bergés sostuvo que “la firma de acuerdos internacionales que buscan la integración económica de los Estados, por igual pretenden que los ciudadanos de cada Estado, sin importar donde se encuentren, les puedan ser respetado sus derechos fundamentales”.

Finalizó haciendo referencia a la disposición constitucional que faculta al Tribunal Constitucional dominicano para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales.