Magistrado Díaz Filpo dicta conferencia sobre la visión comparada del precedente constitucional en congreso internacional

CIUDAD NEILY, Costa Rica. - El magistrado Rafael Díaz Filpo, juez primer sustituto del presidente del Tribunal Constitucional, dictó una conferencia sobre la visión comparada del precedente constitucional durante el XV Congreso Internacional de Derecho Procesal que se realizó en esta ciudad del sur de Costa Rica.

Durante su exposición, el magistrado explicó que el precedente es la interpretación del ordenamiento realizado por el juez con la finalidad de darle solución a un caso que le fue planteado y que puede servir para resolver una situación de hecho con las mismas características.

En ese sentido, precisó que el precedente constitucional es una garantía del Estado de derecho y la seguridad jurídica, lo cual es una gran responsabilidad que tiene a cargo el Tribunal Constitucional, pues lo que establece mediante sus decisiones es una regla para todos, es decir, tiene efecto vinculante frente a todos los poderes públicos y particulares.

«Si no fuese así, la propia Constitución estaría desprotegida, ya que cualquier entidad, funcionario o persona podría resistirse a cumplir una decisión del máximo intérprete de la constitucionalidad», expuso.

El magistrado Díaz Filpo indicó que, de acuerdo a la carta magna, las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas e irrevocables y dijo que esta alta corte tiene una triple función básica: resolver los asuntos sometidos en base a su competencia; ser un tribunal de precedentes y difundir la enseñanza de la Constitución y los derechos fundamentales. 

Consideró que, al emitir sus fallos, los tribunales constitucionales deben tener claras sus motivaciones, ya que se si se quiere regular la conducta del ser humano, las decisiones de los jueces deben ser razonablemente previsibles, además de que una caprichosa variación de los criterios de interpretación pone en riesgo la libertad individual. 

En cuanto al cambio de presentes, el magistrado precisó que el párrafo primero del artículo 31 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, contempla la posibilidad de que el precedente constitucional pueda ser inaplicado o modificado, siempre y cuando se establezcan los fundamentos de hecho y de derecho por las cuales se decide variar el criterio.

Señaló que, si se quiere apartar del precedente, el tribunal tiene la obligación de motivar clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión. «El juez puede inaplicar la jurisprudencia a un determinado caso posterior cuando considere que las diferencias relevantes que median entre este segundo caso y el caso precedente exigen otorgar al segundo una solución diferente», agregó.

Haciendo una comparación con otros países de la región, indicó que, en Colombia, el criterio que utiliza la corte constitucional para variar un precedente es similar al dominicano, y que, en Costa Rica, la vinculatoriedad de los precedentes constitucionales no opera para sí misma, dado que siempre debe existir la posibilidad de que la Sala pueda variar de criterio, ya sea por un cambio de integración o bien por un cambio sobreviniente de las circunstancias.

Díaz Filpo definió el principio de seguridad jurídica como un elemento esencial del Estado de Derecho que tiene como fin que, en la medida de lo posible, el ciudadano pueda presuponer y calcular con tiempo la influencia del derecho en su conducta personal.

Concluyó su exposición indicando que el derecho judicial creado por los precedentes es cambiante, lo que permite que el derecho se transforme e incorpore a las nuevas demandas y valores sociales, pero siempre garantizando el Estado de derecho y la seguridad jurídica.

En ese sentido, el juez constitucionalista consideró necesaria la capacitación de los representantes del sistema, para poder garantizar los derechos fundamentales y los demás derechos y garantías agregados a la Constitución.

Sobre la actividad

El XV Congreso Internacional de Derecho Procesal que se realizó en Ciudad Neily, Costa Rica, aborda varias temáticas vinculadas con el derecho a nivel penal, civil, laboral, ambiental y de derechos humanos, según las nuevas tendencias de la profesión.

La actividad, que tuvo como tema central «Fuentes y principios del derecho procesal del siglo XXI», reunió a abogados, académicos e intelectuales de México, Colombia, Venezuela, Panamá, Nicaragua, República Dominicana y Costa Rica, entre otras naciones.

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