El representante de la corte española dictó una conferencia durante la primera jornada de trabajos de la XIV Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional
PUNTA CANA.- El magistrado del Tribunal Constitucional de España, Enrique Arnaldo Alcubilla, afirmó que ante a la aparición de la pandemia del COVID-19 las altas cortes dieron una respuesta pronta y equilibrada a la situación de estrés generada, lo que permitió afrontar la nueva y extraña normativa.
“En las altas cortes se han enfrentado o se enfrentaron a una normatividad extraña o normatividad de nuevo cuño y han debido ponderar con suma delicadeza con la Constitución las exigencias derivadas de esa realidad, partiendo de la necesidad de salvaguarda del Estado Constitucional del Estado democrático de derecho”, destacó.
Al referirse a las decisiones tomadas en diferentes países, destacó que algunas constituciones iberoamericanas, como la de Colombia, Ecuador y República Dominicana “existe una prohibición expresa de atribución a la corte a la Corte Constitucional de la decisión sobre la constitucionalidad de los decretos dictados por el gobierno consecuencia de la declaración de cualquiera de estas situaciones de emergencia”.
El magistrado Alcubilla hizo un recuento de las plagas que han azotado a la población a través de la historia, afirmando que en cada uno de los casos la reacción de poder público y del gobierno ha sido siempre la de preservar la salud de la población.
Destacó que de un modo u otro las pestes cambiaron el curso de la historia y que la brutal aparición del COVID-19 cambió en pocas semanas a una sociedad satisfecha, que pensaba que era inmune a este tipo de ataques, en una rodeada de dudas, de inseguridades, desconfianzas y dolor.
“El Estado constitucional sufrió una situación de Severo shock. Sufrieron el Estado las instituciones, los derechos, y sufrieron los principios constitucionales”, argumentó al pronunciar la conferencia “Los efectos del Covid-19 en el marco jurídico”, durante la primera jornada de trabajo de la XIV Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, en la que participan representantes de tribunales, cortes y salas constitucionales de 15 países.