ALCALÁ DE HENARES, España. La magistrada Sonia Díaz Inoa, jueza del Tribunal Constitucional dominicano (TCRD), dictó una conferencia durante el congreso extraordinario «Administraciones públicas que aprenden a adaptarse en España y Latinoamérica», en la que destacó que, en sus más de doce años de trabajo permanente, esa alta corte ha producido un número considerable de sentencias dirigidas a esclarecer y puntualizar los derechos de las personas en su relación con la Administración pública.
En su ponencia, titulada «La Administración pública en el Estado social y democrático de derecho en la República Dominicana: jurisprudencia constitucional», la magistrada explicó que la fórmula de Estado social y democrático de derecho en la Constitución dominicana de 2010 responde al paradigma normativo de la corriente del neoconstitucionalismo, que se enfoca en el establecimiento del modelo de Estado constitucional como la forma de gobierno idónea, al tiempo que fortalece los mecanismos garantistas jurisdiccionales.
«Esta concepción descansa sobre características esenciales, tales como la sujeción a la legalidad de la actividad de los órganos del poder, la garantía de los derechos subjetivos y el control constitucional de toda la actividad del Estado, donde gobernantes y gobernados están sometidos al imperio de la Constitución», expuso durante el evento organizado por la Federación Internacional de Antiguos Alumnos Iberoamericanos del INAP de España (FIAAIINAPE), junto al Instituto Nacional de Administración Pública de España (INAP).
La jueza constitucionalista indicó que el reconocimiento del derecho no basta para asegurar su eficacia, por lo que la Constitución establece una serie de garantías, a través de mecanismos de tutela y protección, para hacer efectivos estos derechos.
«Sin embargo, a pesar de este mandato directo al Estado, recae sobre los órganos de justicia la verdadera obligación de garantizar su efectividad en su labor de interpretación de la Constitución y las leyes», añadió.
En ese sentido, Sonia Díaz Inoa resaltó las sentencias TC/0048/12, TC/0012/12, TC/0093/12, TC/0203/13, TC/0226/14 y TC/0182/20, con las que este tribunal estableció criterios jurisprudenciales vinculantes para todos los poderes y órganos del Estado en ocasión de supuestos fácticos que han puesto de relieve los derechos de los particulares frente a la Administración.
A consideración de la magistrada, a pesar de los grandes avances y trasformaciones jurídicas que ha experimentado la República Dominicana, hay aspectos fundamentales pendientes, tales como la creación de la asistencia legal gratuita en materia administrativa, a favor de las personas que carezcan de los recursos económicos para obtener una representación judicial de sus intereses.
Previo a su intervención en el evento, la magistrada Díaz Inoa realizó una visita de cortesía al Tribunal Constitucional de España, en donde fue recibida por el presidente del organismo, magistrado Cándido Conde-Pumpido Tourón, con quien conversó sobre temas relacionados a la justicia constitucional de ambos países.