Magistrada Patricia Tatiana Ordeñana: Derechos en primera, segunda y tercera generación merecen igual protección que derechos civiles y políticos
La magistrada de la Corte Constitucional de Ecuador planteó que a pesar de que ha existido la clasificación de los derechos en primera, segunda y tercera generación, es de importancia señalar que los derechos sociales y económicos no son de segunda categoría, sino que merecen y obtienen igual protección que los derechos civiles y políticos.
La doctora Patricia Tatiana Ordeñana Sierra, expresó que las nuevas tendencias en materia de argumentación de derechos fundamentales se orientan hacia el neoconstitucionalismo. Por consiguiente, se deben reconocer los propios derechos y buscar fórmulas que funcionen a nivel legal, como acertó la Constitución ecuatoriana, mediante el establecimiento de mecanismos de protección de los derechos fundamentales dirigidos a tutelar aquellos positivizados y consagrando su irrenunciabilidad.
En la presentación de su conferencia “Derechos e intereses colectivo y difuso: una nueva dimensión en los derechos sociales”, explicó que la materialización de los derechos no es solo una mera intención, sino un gran desafío, que implica la implementación de herramientas y de un lenguaje propio para hacer viva la Constitución.
La exponente al participar en el II Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, efectuado del 26 al 28 de noviembre en el Hotel Sheraton, declaró que frente a una pluralidad de comunidades, en la protección constitucional no requiere solo una garantía de pluralización, sino también la reestructuración de las formas de protección sin restricciones arbitrarias y reconociendo la libre determinación de los pueblos.
En la conclusión de su ponencia la magistrada Patricia Tatiana Ordeñana Sierra, dijo que la tarea de asegurar una justicia constitucional tiene dos dimensiones: por un lado, garantizar la materialización efectiva en cuanto al pluralismo jurídico sin limitaciones, y, por el otro lado, garantizar la justicia constitucional a las nacionalidades y pueblos indígenas cuando requieran la protección de sus derechos.
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