Magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez dice “trata de personas es un delito complejo”
SANTO DOMINGO. – La magistrada del Tribunal Constitucional (TC) Katia Miguelina Jiménez, consideró hoy la necesidad de rubricar acuerdos de cooperación internacional comprometiendo a los actores en el combate de la trata de personas que permita un mayor impacto en el abordaje de la problemática.
La jueza del TC, quien es además presidenta de la Asociación de Juezas de la República Dominicana (AJURD), hizo el planteamiento al moderar el panel “Desafíos transfronterizos; compartiendo los éxitos” en la segunda plenaria de la Conferencia Regional sobre Trata de Personas en América Latina y el Caribe, auspiciada por esta corte junto a otras entidades.
Recordó que en el 2013 se suscribió un acuerdo entre República Dominicana, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá para el abordaje integral de la trata de personas y en el 2015 el TC lo declaró conforme con la Constitución mediante un control preventivo.
En ese sentido, la magistrada, quien es miembro activo de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas (IAWJ), señaló que no se habla de un delito interno, sino de que la trata de personas es una infracción “transfronteriza, transregional y transnacional” que hay que contrarrestar.
Como panelistas participaron las juezas Kenya Scarlett Romero, por la República Dominicana; Susana Medina de Rizzo, por Argentina (cuya ponencia fue proyectada en un audiovisual) y Yonette Cummings Edwards, canciller en funciones del Poder Judicial de Guyana.
Entre los éxitos exhibidos, la magistrada Jiménez Martínez resaltó la afirmación hecha por la argentina Medina de Rizzo sobre el rescate de mil quinientas víctimas a través de una línea de auxilio implementada en ese país y que el mayor número de afectadas proviene de la República Dominicana, seguida de Colombia y otros países.
De su lado, la jueza del Poder Judicial Scarlett Romero habló sobre la sensibilización que se ha alcanzado captando cada vez más actores involucrados en la prevención y sanción para los infractores.
“En el caso de la identificación de las víctimas por parte de los operadores (jueces, fiscales y abogados) también se está avanzando para que no sean revictimizadas”, agregó.
Dijo que esos operadores deben hacer un esfuerzo mayor para que el rigor procesal no sea tan complicado.
La coordinación del evento estuvo a cargo de la IAWJ y la AJURD y contó con el apoyo del TC, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), la Embajada de los Estados Unidos de América para República Dominicana, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y el Tribunal Superior Electoral (TSE).
El encuentro, realizado los días 30 y 31 de julio, reunió a representantes de Haití, Jamaica, Guyana, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Belice, Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, los Estados Unidos y el país anfitrión, quienes compartieron sus experiencias sobre el tema en mesas de trabajo y lo que podrían aplicar en sus respectivos países.
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