Magistrada Katia Miguelina Jiménez expone en actividad organizada por la Comisión de Ética Pública
SANTO DOMINGO. - La magistrada del Tribunal Constitucional (TC) Katia Miguelina Jiménez calificó la corrupción como un fenómeno muy complejo que debe ser abordado de un modo exhaustivo.
La Dra. Jiménez fijó su posición al dictar la conferencia “Los delitos de la corrupción en la República Dominicana. Prevención y sanciones. Jurisprudencia vinculante”, en la primera actividad realizada por la Comisión de Ética Pública de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET).
“Considero loable que fuera la OPRET, una institución de la Administración Pública, la que invite a reflexionar y debatir sobre flagelos como la corrupción, dado que con ello se fomenta el conocimiento y, consecuentemente, el empoderamiento no solo de sus servidores públicos, sino el de los ciudadanos”, manifestó la jueza constitucional.
Expresó que “para evitar actos de corrupción, la Administración Pública debe sujetar sus actuaciones a una serie de principios, entre los cuales destaca el de transparencia, lo cual implica que el actuar de la Administración se deje ver como a través de un cristal”.
Jiménez enfatizó que “la Constitución nacional, en su artículo 146 condena toda forma de corrupción en los órganos del Estado”.
Destacó la sentencia TC/0262/19, en la que la corte le “devuelve a la ciudadanía el derecho de impulsar acciones penales contra funcionarios por los hechos cometidos en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas y en las violaciones contra los derechos humanos, al declarar inconstitucionales las disposiciones establecidas en los artículos 85 y 228 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley número 10-15”.
Subrayó que la condena por actos de corrupción tiene rango constitucional y para prevenir y luchar contra este flagelo sugirió incidir en las causas, tomando medidas que disuadan y persigan enérgicamente la corrupción.
“El Código Penal tipifica diversos actos de corrupción en el Estado, como son el desfalco, la concusión, el soborno, actos que en conjunto configuran la prevaricación (art. 166), esto es, el crimen cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones”, dijo haciendo referencia a lo establecido en la Ley Orgánica de Régimen Electoral núm. 15-19 de este año Además sugirió una ley integral contra la corrupción administrativa.
Acompañaron a la jueza Jiménez Martínez en la mesa de honor Magdalena Díaz de Mazara, en representación del director de la OPRET; Frinette Padilla Jiménez, coordinadora de la Comisión de Ética Pública; y los demás integrantes de esta: Léster Demorizi, Michael Smith, Johanny Hernández, Luisa Miguelina Lora, Ramón Archivaldo Vargas y Thailana Berroa.
Imágenes del evento
