En su intervención la Mgda. María del Carmen Santana de Cabrera consideró que el CNM debería incluir un espacio de formación en perspectiva de género para asegurar un trato equitativo en las distintas etapas: recepción de candidaturas, entrevistas y elección
Mendoza, Argentina. La magistrada del Tribunal Constitucional (TC), María del Carmen Santana de Cabrera, participó en el panel Mecanismos de Selección de Autoridades de los Más Altos Órganos de Justicia con Perspectiva de Género, realizado en el XXI Encuentro de Magistradas de los Más Altos Órganos de Justicia de Iberoamérica, donde afirmó que la presencia femenina en posiciones de poder es una reivindicación doble, tanto para las mujeres como para el ente público, especialmente en el contexto dominicano, donde ninguna mujer ha ocupado la titularidad del Poder Ejecutivo y son minoría en el Poder Legislativo.
Santana de Cabrera hizo dicha declaración durante su exposición, titulada «La sororidad en los espacios de selección de las autoridades judiciales», en la que señaló que el principal valor de esta jornada fue el acercamiento como mujeres en la labor jurisdiccional con el propósito de actuar con más sororidad y mejor desempeño.
La jueza examinó aspectos importantes relacionados con la importancia de la presencia femenina en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), institución que se encarga de nombrar a los jueces de las altas cortes de República Dominicana, señalando que ni su ley orgánica ni la Constitución imponen algún requisito de composición equitativa en cuanto al género de consejeros. «No hay ninguna disposición que indique que debe haber un mínimo o máximo de cada género; en consecuencia, no existe una cuota de género ni exigencia de presencia femenina en el citado consejo».
Agregó que ha existido desde su inicio una reducida cantidad de mujeres en la conformación del CNM. Además, resaltó que actualmente la presencia femenina en las altas cortes dominicanas es de 25 % de la composición de la Suprema Corte de Justicia (es decir, hay cuatro juezas de un total de 16), 40 % de la composición del Tribunal Superior Electoral (o sea, 2 juezas de un total de 5), y 38 % de la composición del TC, lo que implica que hay 5 juezas de un total de 13.
Tras citar esas cifras, aseguró que la marcada ausencia de consejeras implica un riesgo de no poner la debida atención a la perspectiva de género, y que el reglamento del CNM dispone, en su artículo 16, que el mismo debe orientarse por lo dispuesto en el artículo 39 de la Constitución, el cual dispone la promoción y la garantía de participación equilibrada de hombres y mujeres en el ámbito público.
«Contar con consejeras podría servir como una medida útil para generar un ambiente más justo en la selección de jueces y juezas del Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia y Tribunal Superior Electoral», precisó, destacando que, si bien existen más juezas en los tribunales de primera y segunda instancia, no puede decirse lo mismo respecto a las altas cortes.
María del Carmen Santana de Cabrera resaltó que la sororidad «se puede materializar de muchas maneras: en primer lugar, asegurando que ninguna mujer sea descartada o menospreciada como candidata por el mero hecho de ser mujer», y es vital en este espacio, pues llama a estar pendientes y dispuestas a prestar la protección reforzada que puedan necesitar las mujeres en atención a la discriminación estructural que enfrentan.
En el panel, moderado por Camila Banfi Saavedra, jueza del Tribunal Superior de Chubut y vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina (AMJA), intervinieron también las magistradas Hilda González Neira, de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, de Colombia, y Julia Varela, de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica.
Sobre el evento
En este encuentro, organizado por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y la Fundación Justicia y Género (Cono Sur), se desarrollaron paneles, mesas de trabajo, plenarias y conferencias a las que asistieron más de 150 magistradas de altos órganos de justicia de Iberoamérica.
El objetivo principal de la actividad realizada del 29 al 31 de octubre de 2025 fue la participación de las mujeres en la toma de decisiones al momento de impartir justicia.