La Tutela de los Derechos Económicos y Sociales en el país aleja a los ciudadanos de las desigualdades

El magistrado Jottin Cury David, magistrado del Tribunal Constitucional explicó que “La Tutela de los Derechos Económicos y Sociales en la República Dominicana”, comprende un amplio catálogo de derechos que imponen obligaciones positivas y negativas, y que ha generado grandes debates en la comunidad jurídica internacional, pues cuando los ciudadanos demandan ese tipo de derechos se generan la formación de ese tipo de políticas tendentes a garantías a través de los procesos judiciales.

Destacó que unos de los principales problemas de esos derechos es que pueden ser objetos de malas interpretaciones, si se entiende que el Estado debe asegurarlo todo, pero en sí, el Estado funge como ente regulador para crear las condiciones para que los ciudadanos puedan alcanzar sus legítimas aspiraciones en un clima de paz. Con esta síntesis inició su moderación del panel desarrollado en la Segunda Jornada de Justicia y Derechos Constitucional en La Romana.

Intervinieron los juristas: el doctor Cristóbal Rodríguez Gómez, coordinador del programa de Maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Iberoamericana (UNIBE); Jimena Conde Jiminián, sub consultora jurídica del Poder Ejecutivo; y Félix Tena de Sosa, asesor de la presidencia de la alta corte.

Para Tena de Sosa, los derechos sociales y económicos suponen en la práctica un ensanchamiento del Estado y la burocracia administrativa que está llamada a promover la eficacia de esos derechos.

“El fundamento de estos derechos está en el principio de la igualdad efectiva ante múltiples desiguales: de tipo natural, social y de carácter estructural. Aquí es donde los derechos sociales se convierten en un factor de legitimación y de desarrollo que demandan políticas a fines de asegurar el componente de la constitucionalidad”, agregó.

Indicó que los derechos sociales demandan de esa nueva burocracia administrativa que vaya dirigida a hacer eficaz la dimensión normativa, un desarrollo legislativo que definan los contenidos de la Constitución que apenas prediseña y un conjunto de políticas públicas que demandan actividades propias de la administración y las garantías constitucionales que en el modelo dominicano pasen desde los jueces del poder judicial y en última instancia los del Tribunal Constitucional como órgano de cierre del sistema de tutela de los derechos fundamentales.

Tena de Sosa sugirió profundizar académica y en la práctica, la necesidad de crear garantías especiales y específicas para los derechos sociales que vayan acorde con su propia naturaleza; explicando que no siempre los instrumentos normativos del Estado liberal son necesariamente útiles y puede dar lugar a situaciones de anomia o de falta de supervisión.

“Un compromiso con la supremacía constitucional y el desarrollo progresivo de la dignidad humana exige una actitud crítica que ante la falta de ese diseño del andamiaje, plantee crear las garantías adecuadas que funcionalicen el Estado social.

Señaló como primer escoyo a superar para dejar de lado las limitaciones de los derechos sociales es la idea de que los derechos cuestan.

En ese sentido, indicó que la tutela de los derechos y libertades de carácter de primera generación demandan un conjunto de cosas por hacer del Estado, lo cual que deriva de plano la idea de que estos no derechos cuestan. Dejo como ejemplo dos derechos del de propiedad y el del sufragio.

Añadió que esa política del Estado depende de la propia capacidad contributiva para la protección de los derechos y agregó que otro elemento es que los derechos sociales son condiciones necesarias para la protección de las propias libertades públicas.

Al referirse al caso de este país, sostuvo que en la Constitución del 2010 hay importantísimos derechos que demandarán cambios estructurales en las políticas públicas como la educación, salud, pero dependerá de una serie de medidas de carácter legal.

Tena de Sosa explicó que los procesos de construcción del Estado social son progresivos porque no hay capacidad tributaria de impulsar con agresividad todos los programas de los derechos sociales y los tribunales pueden jugar un papel importante.

De su lado, el doctor Cristóbal Rodríguez Gómez dijo que a partir de 1968 con la reforma constitucional de Brasil empieza a producirse una serie de reforma constituionales que llegan al país en el 2010. “De todos los procesos de reforma del hemisferio en los último 28 años es la considerable expansión del catálogo de derechos sociales en los textos en que se han expresado”.

Sustentó que fue en el marco de ese proceso continental lo que sucedió en Rep. Dom. y lo que ha ocurrido tras el funcionamiento del Tribunal Constitucional y la sólida jurisprudencia que ha establecido y perfeccionando en materia de derechos sociales en los cinco años de labor.

Observó que “las crisis de los países del entorno representan una amenaza importante a las posibilidades de continuación en el despliegue de la eficacia de la garantía y satisfacción de los derechos sociales. En derecho la primera víctima de las crisis económicas son los propios derechos, porque los ajustes estructurales, las partidas económicas a las que echan mano son las que destinadas a esos derechos”-.

Por otro lado, a su juicio la alta corte se ha empeñado en continuar trillando una labor jurisprudencial que está en sintonía con los mandatos de la Constitución y la cláusula establecida por el artículo 7 de la carta sustantiva sobre el estado social y democrático y de derecho.

El jurista Cristóbal Rodríguez citó dos decisiones relevantes para constatar su visión del organismo: TC-4352015 y TC 450-15, ambas sobre la seguridad social, y resaltó que estas representan un interesante avance en la protección de la seguridad social, al priorizar el rol que está llamado a jugar la prestadora estatal para asegurar la universalización de este derecho fundamental.

Jimena Conde Jiminián al retomar el tema de la Seguridad Social dijo que el TC estableció que no sólo es un derecho económico y social, sino que como tal puede ser reivindicado mediante la acción de amparo y que corresponde a sus jueces, ponderar las particularidades de cada caso concreto y que la alta corte además se ha pronunciado en su jurisprudencia sobre innumerables derechos económicos y sociales.

A su juicio si examinamos la incasable labor de tutela y salvaguarda el TC ha continuado desarrollando el contenido esencial de los derechos en cuestión y alejando de la desigualdad a los ciudadanos que habitan en el país. 

La experiencia de los panelistas compartida se amplió en la ronda de preguntas y respuestas abierta para más de 500 profesionales y estudiantes que asistieron a la Jornada de Justicia y Derecho Constitucional.

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