La efectividad de los instrumentos jurídicos de protección ambiental en el derecho español

SANTO DOMINGO.- “Hay un déficit de aplicación relevante. Se dispone de un arsenal de normas, pero con déficit de aplicación severo”, refirió Alba Nogueira al hablar sobre la protección ambiental que predomina en la Unión Europea, durante su ponencia en el “Seminario sobre la Efectividad de la Protección Ambiental a través del Derecho Público”.

Alba Nogueira, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Santiago de Compostela hizo una reflexión global del derecho público ambiental en España que, a su juicio, es igual que decir en la Unión Europea.

Aseguró que hay amenazas para esta rama del derecho. “Hay un sector del ordenamiento jurídico que está aún en pañales y la crisis económica actual lo ha llevado al retroceso con relación a los avances experimentados en los últimos 40 años”, agregó durante su ponencia, “Efectividad de los instrumentos jurídicos de protección ambiental en el derecho español”.

En el Seminario Internacional sobre la Efectividad de la Protección Ambiental a través del Derecho Público, auspiciado por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, el Centro de Estudios Constitucionales de España y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la profesora destacó las características del señalado ordenamiento jurídico, la problemática y las posibles respuestas en el intento de proteger el medio ambiente.

“Hay un incumplimiento grande de las normas ambientales y al mismo tiempo hay una ralentización muy profunda de los procedimientos de control ambiental e insuficiencia de medios humanos, que llevan los procesos a ser muy lentos”, dijo. Añadió que, como efecto de eso, se da un rechazo a las normas que -considera- “hay que corregir y eso no se logra sin medios humanos y económicos”.

Sostuvo que, en el campo ambiental, la Unión Europea ha hecho hincapié en introducir en sus procesos normativos instrumentos para edificar la efectividad de sus normas.

En relación con la efectividad de los instrumentos jurídicos de protección ambiental indicó que este es un derecho cuestionado por la crisis económica que se arrastra desde el 2007 y que se acentúa con la pandemia del COVID-19.  

Opinó que el derecho ambiental actúa como “laboratorio de pruebas o campo de experimentación” para el derecho público en su conjunto.