Jueces TC realizan audiencia en el Parque Nacional Valle Nuevo, en Constanza
CONSTANZA. Por disposición del Pleno del Tribunal Constitucional de la República Dominicana (TC) una comisión de jueces de la alta corte realizó este miércoles 9 de noviembre un descenso en el Centro de Visitación localizado en el lugar conocido como La Pirámide, en el Parque Nacional Valle Nuevo.
La audiencia la encabezó el magistrado Víctor Joaquín Castellanos Pizano, que coordinó la comisión designada por el Pleno y que integraron los magistrados Rafael Díaz Filpo y Ana Isabel Bonilla y se realizó con el fin de documentar un expediente que involucra a residentes en la zona y al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
El encuentro inició a las 11:00 de la mañana, con la presencia de una de las partes involucradas en el conflicto por la supuesta intención de instalar un aserradero en la zona protegida.
Los magistrados fueron asistidos por Rossana Montero, de la Secretaría del TC, miembros de sus respectivos despachos y personal de la Dirección de Comunicaciones.
Los recurrentes en el proceso no asistieron a la audiencia, ni se hicieron representar. Son ellos: Ariel Sing, Juan M. Morel, Beatriz Ferrer, María I. Serrano y Frarman García, quienes tienen constituido como abogados a Juan Manuel Pérez y María Sánchez Pujols.
Mientras que como recurrido figuró el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con atención a la Dirección Jurídica que encabeza Laura Jerez Collado, estuvo representada por el abogado Rafael de la Cruz, quien al declarar en la audiencia dio lectura a la certificación 2802-14 que consta en el expediente, emitida por el entonces viceministro Manuel Serrano.
El contenido de la certificación señala que nunca hubo la intención de instalar un aserradero en el lugar, sino que se planteaba el aprovechacimiento de unos 200 árboles que fueron derribados en momentos en que se registraba un voraz incendio, con el objetivo de evitar que se propagara.
El declarante dijo que la madera procesada se utilizaría para rehabilitar las casetas y otras estructuras con las que cuenta el Ministerio de Medio Ambiente dentro del área del Parque Nacional Valle Nuevo.
En la audiencia declaró también el representante de la Fundación Moscoso Puello en Valle Nuevo, Santiago Rosado Luna, quien se limitó a entregar un escrito de las valoraciones de la entidad sobre el conflicto, pero rehusó responder preguntas de los magistrados.
De su lado, Julio César de los Santos, administrador del Parque Nacional Valle Nuevo, hizo un resumen del caso, precisando que la supuesta intención de instalar un aserradero se limitó a un error y que desde el Ministerio de Medio Ambiente no había ese propósito, porque eso sentaría un mal precedente y más grave en un área protegida como esa.
Además, el administrador del Parque dijo que los árboles cortados se utilizarían para beneficio del área, situación que no llegó a realizarse y descartó poder hacerlo ahora, por su deterioro progresivo.
Durante el descenso los magistrados se hicieron acompañar del Ingeniero Eleuterio Martínez Alcántara, especialista en impacto ambiental y dirigente de la Academia de Ciencias, quien hizo un recuento histórico y social de la importancia que significa para el país tener un recurso natural tan valioso como el Parque Nacional Valle Nuevo.
Enfatizó que de este recurso natural depende el 90 por ciento del agua que se consume en la República Dominicana, incluyendo en el vecino Haití.
Sostuvo que Valle Nuevo es una zona prioritaria por ser madre de las aguas del país y requiere mucho más que las medidas paliativas presionadas por los medios, a fin de conjurar el peligro que suponen las construcciones en el área.
Citó entre los males que afectan la zona la existencia de pozos tubulares por doquier, práctica del conuquismo, agricultura a gran escala y la tala indiscriminada de árboles maderables.
Conforme al contenido del expediente TC-05-2015-0271, los recurrentes interpusieron una acción de amparo preventivo, para que se prohibiera la instalación del aserradero, que fue rechazada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, ante su inconformidad, presentaron un recurso de revisión con la finalidad de que sean restablecidos los derechos que alegan les fueron vulnerados.
El Pleno de la alta corte designó una comisión de tres jueces para realizar un levantamiento sobre el caso del recurso de revisión constitucional contra la sentencia 0045-2014 dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, el tres de noviembre de 2014, la cual rechazó la acción de amparo por no existir vulneración de derecho.
Departamento de Prensa
9 de noviembre, 2016