Jueces del TC y la ENJ realizan séptimo diálogo entre jueces en Santiago
SANTIAGO. El Tribunal Constitucional (TC), a través de su Centro de Estudios Constitucionales, y la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ), realizaron este jueves la séptima edición del «Diálogo sobre la jurisprudencia constitucional en materia penal y procesal penal», en el marco de la Semana con la Escuela Nacional de la Judicatura del Departamento Judicial de esta provincia.
La actividad, dirigida a jueces penales, estuvo a cargo de los magistrados de esta alta corte Manuel Ulises Bonnelly Vega, coordinador del Centro de Estudios Constitucionales, y Amaury A. Reyes Torres, quienes conversaron sobre los aspectos relevantes de los precedentes más recientes emitidos por el Tribunal Constitucional en dichas materias.
Durante su intervención, el magistrado Bonnelly Vega subrayó que el año 2024 representó un punto de inflexión en la labor del Tribunal Constitucional en materia penal, con un incremento notable en la cantidad y calidad de las sentencias emitidas.
Entre ellas destacó, como ejemplo, la TC/0765/24, que declaró inconstitucional una disposición legal clave, lo que marcó un precedente para la protección de derechos y la coherencia en la aplicación de la justicia penal.
Los jueces constitucionales coincidieron en resaltar que el hábeas corpus constituye una garantía esencial frente a detenciones ilegales o arbitrarias, y reafirmaron su papel como salvaguarda de la libertad personal y la dignidad humana en el Estado de derecho.
El magistrado Reyes Torres recordó que el hábeas corpus no es solo una figura procesal, sino una manifestación del principio de supremacía constitucional, que asegura que ninguna autoridad esté por encima de la ley ni de los derechos ciudadanos.
En la actividad, que se llevó a cabo en el Palacio de Justicia de esta ciudad, participaron 37 jueces y juezas penales de diversas instancias del Departamento Judicial de Santiago, Puerto Plata y Montecristi.
Con este diálogo entre jueces, el TC y la ENJ procuran mantenerlos actualizados sobre las decisiones del Tribunal Constitucional para que puedan aplicarlas de manera uniforme y efectiva en el ámbito penal.
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