Expertos debaten sobre argumentación jurídica y control de constitucionalidad
Los doctores Juan Antonio García Amado y Ricardo Garzón Cárdenas participaron en un conversatorio organizado por el TC, a través de su CEC, que contó con la presencia del magistrado presidente, Napoleón R. Estévez Lavandier
SANTO DOMINGO. El Tribunal Constitucional (TC), a través del Centro de Estudios Constitucionales (CEC), realizó un conversatorio titulado «Argumentación jurídica y control de constitucionalidad», en el que participaron como expositores los doctores Juan Antonio García Amado, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de León, y Ricardo Garzón Cárdenas, profesor e investigador de la misma casa de estudios.
El moderador fue el magistrado Amaury A. Reyes Torres, quien explicó la metodología a seguir y planteó preguntas relacionadas con la argumentación jurídica y el papel en las decisiones de los tribunales constitucionales, los argumentos interpretativos y la derrotabilidad de las normas, entre otros.
Para el catedrático García Amado, el rol de un tribunal constitucional y el papel de la argumentación depende de cómo se entienda la Constitución, resaltando que en la cultura jurídica actual existen dos formas principales, cada una con diferentes matices de concebir y entender lo que es la carta magna.
«La Constitución no es un texto dotado de autoridad, no es un texto apto para diversas interpretaciones, no es una propiedad definida que tenga un guardián que vigile para que no la invada quien no debe, el Tribunal Constitucional, sino que la Constitución es un orden objetivo de valores», resaltó.
De su lado, Garzón Cárdenas explicó que la actividad de argumentar presupone asumir una postura sobre la existencia de reglas que ya existen. «La argumentación tiene un marco, o por lo menos debería tenerlo desde una concepción como la que nosotros tenemos, y en ese marco si hay alternativas interpretativas de las normas vigentes, la elección de unas normas o la elección de unas interpretaciones, es el lugar natural de la argumentación jurídica», destacó.
Al referirse al tema de la racionalidad de una decisión judicial, resaltó que para llegar a este punto existen parámetros que permiten lograr cierto nivel de aceptabilidad de la decisión que tome un juez. «Definitivamente, lo que se espera del juez es que las razones sean efectivamente oponibles a la comunidad jurídica a la que pertenece. Es decir, la aceptabilidad no es que me guste, es sencillamente, que el tipo de razones que está dando son el tipo de razones que esperamos dentro de esa comunidad que sean las correctas, y aquí es donde se muestra la vinculación con los tipos de argumentos», argumentó.
Las palabras de bienvenida del conversatorio dirigido a jueces y al personal jurisdiccional estuvieron a cargo del magistrado Manuel Ulises Bonnelly Vega, juez de esta alta corte y coordinador del CEC.
En el conversatorio estuvieron presentes el magistrado presidente del TCRD, Napoleón R. Estévez Lavandier; los magistrados Miguel Aníbal Valera Montero y Eunisis Vásquez Acosta, primer y segundo sustituta del presidente, respectivamente; María del Carmen Santana de Cabrera y Army Ferreira. También asistieron el magistrado Justiniano Montero, juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), directores y servidores constitucionales.
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