Expertos analizan en panel las Garantías Jurisdiccionales de los Derechos Económicos y Sociales

Expertos en materia de derecho constitucional analizaron la situación de los derechos económicos y sociales en el contexto del sistema constitucional dominicano estableciendo desde diversos puntos de vistas  las crisis, dificultades y limitaciones de tipo económico que afectan la aplicación de dichas prerrogativas jurídicas.

Los licenciados Cristóbal Rodríguez Gómez, Balbueno Batista, junto el magistrado Justo Pedro Castellanos Kohury, juez del Tribunal Constitucional, expusieron posiciones a favor de la temática que tiene diferentes perspectivas de cómo enfocarse.

El primero en exponer fue director de la cátedra de derecho de la Universidad  Abierta para Adultos, quien explicó que los tiempos en que estamos viviendo, no son los mejores para los derechos, afectado por la tensión de crisis dirigida al sistema de derecho de los Estados en el mundo occidental.

El profesor Cristóbal Rodríguez dijo que el Estado en libre juego de la oferta y la demanda dentro de la dinámica económica de los países, debe ser el garante del sistema político para que las instituciones funcionen bien y que cada individuo sea responsable de sus obligaciones.

En otros aspectos de su presentación, el jurista se refirió a la tensión existente entre la libertad y la seguridad, como resultados de los atentados producidos el 11 de septiembre en los Estados Unidos y la declaratoria de guerra del terrorismo mundial, cuyo efecto es la reducción de las libertades individuales, torturas, secuestros y la consolidación del crimen organizado.

En la conclusión de su temática el doctor Cristóbal Rodríguez explicó que ante este panorama la justicia aparece con el desafío que deben asumir los jueces a garantizar los derechos de los ciudadanos que acuden en busca de seguridad, libertad, garantías para su dignidad mediante la aplicación de políticas públicas efectiva. La necesidad de formar jueces con un mayor sentido de compromiso del derecho, de construir una sociedad civilizada y decente.

Mientras que en el turno del magistrado Justo Pedro Castellanos hizo referencia a las dificultades y limitaciones para la protección de los derechos económicos y sociales por la limitación de los recursos económicos y la creación de políticas públicas delegadas a otros poderes del Estado.

El juez del Tribunal Constitucional enfatizó que las garantías de dichos derechos fueron contemplados en la Constitución del 2010 y citó especialmente del artículo ocho de la norma suprema. En las conclusiones, de su ponencia el académico Justo Pedro Castellanos fue reiterativo en señalar las limitaciones económicas que tienen los tribunales para un mejor funcionamiento. Y para la mejor efectividad de los derechos económicos y sociales consagrados en la Constitución es necesario la voluntad de acción de todo el sistema judicial en favor de que se cumplan dichos derechos.

El último panelista en exponer durante el marco del II Congreso Internacional sobre derecho y justicia constitucional auspiciado por el Tribunal, fue el catedrático Pedro Balbuena Batista, este puso énfasis en los escollos presentados en la práctica de los derechos económicos y sociales incluyendo las posibles soluciones a estos obstáculos.

Explicó que los derechos sociales y económicos tienen un costo para los Estados, los partidos políticos, y que por tanto las cortes tienen en ocasiones la libertad de establecer ciertos controles dentro de marco de la ley para llamar la atención sobre decisiones de otros poderes públicos y establecer jurisprudencia y promover discusiones sobre temas sociales de interés colectivos.