El magistrado Hermógenes Acosta asegura aplicación del precedente contribuye a la seguridad jurídica

El magistrado Hermógenes  Acosta de los Santos, juez del Tribunal Constitucional, aseguró que la  aplicación del  precedente constitucional contribuye  a  la  seguridad jurídica, así como a la confianza en la aplicación del derecho, durante su exposición “El Valor del Precedente Constitucional”, en el marco de las XXII Jornadas de Derecho Constitucional que se celebra en el Hotel Sheraton, en Santo Domingo.

Acosta de los Santos dijo que los actores del sistema, así como la ciudadanía no sabrían a qué atenerse, si un tribunal decide asuntos esencialmente iguales de manera diferente. Tal situación  generaría desorientación    y confusión.

La  predictibilidad  que se predica para las leyes también es necesaria en el ámbito de la aplicación del derecho.

El juez constitucional manifestó que para Ignacio de Otto, la aplicación del precedente también se justifica en el principio de la unidad del derecho es decir,  la exigencia de aplicación igual del derecho en las diferentes demarcaciones.

Explicó que la  seguridad  jurídica  supone  que  los  operadores  jurídicos  tengan certeza  en  la  creación  normativa,  en  el  sentido  de  que  sean  capaces  de predecir,  al  menos  mínimamente, dicha  producción.

Asimismo, apuntó que la seguridad jurídica supone que la producción normativa se haga respetando los derechos y valores que presiden, de manera que todo cambio normativo legal, reglamentario o judicial debe estar justificado.

La fuerza vinculante de los precedentes

Ahora, si bien es cierto que resulta incontestable que la aplicación del precedente garantiza  el  principio  de  igualdad,  de  seguridad  jurídica  y  la unidad del derecho, muy distinta es la situación cuando de lo que se trata es del  reconocimiento  de  la  fuerza  vinculante  de  los  precedentes,  cuestión pacífica y resuelta en los ordenamientos que siguen el derecho anglosajón y muy contestada en los ordenamientos que siguen el derecho romano.

Dijo que, ciertamente, en los ordenamientos que responden a las características del derecho  germano-románico  tradicionalmente  se  le  ha  negado  el  valor  de fuente del derecho a los precedentes.

A su juicio, esta cultura jurídica está vinculada a la valoración sobre el papel del juez heredada de las concesiones establecidas a partir de la revolución francesa.

La línea jurisprudencial desarrollada por el Tribunal Constitucional español, en la cuestión objeto de examen, debe llevarnos a una profunda reflexión, ya que si bien es cierto que el recurso de revisión constitucional permite  anular  decisiones  imparciales  y  violatorias  de  los  principios  de igualdad y de seguridad jurídica y de esta formal contribuir al fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho estructurado en la Constitución vigente.

Resaltó que no menos  cierto  es  que  si  en el  Tribunal  Constitucional  dominicano se desbordan  los  límites  que  traza  el  legislador  respecto  del  referido  recurso, puede violar principios esenciales del sistema de justicia constitucional, como lo es el de corrección funcional que le prohíbe incursionar en ámbitos competenciales reservados por la Constitución y las leyes al Poder Judicial. Desde este contexto la línea jurisprudencial desarrollada por el Tribunal Constitucional debe llamarnos a la reflexión.

Señaló que hasta  la  fecha el  Tribunal  Constitucional  dominicano  ha  cambiado algunos precedentes, ejemplo de ello lo constituye la sentencia TC/0071/13, de fecha 7 de mayo, en la cual abandonó un precedente que había establecido en la sentencia TC/007/12, de fecha 22 de marzo.

En esos términos habló el magistrado Hermógenes Acosta al participar en la primera conferencia del primer día de la jornada a la cual asistieron más de un centenar de personas provenientes de Costa Rica, Colombia, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, el Consell de Garanties Estatutaries de Catalunya el Centro de Estudios y Formación Constitucional Centroamericana (CEFCCA) y por el país, los jueces de las altas cortes, jueces del Poder Judicial, miembros del Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Junta Central Electoral, asociaciones de abogados, Colegio de Notarios, entidades bancarias del sector público, organismos castrenses, instituciones de la sociedad civil, comunidad jurídica y académicas de nuestro país.

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