Catedrático español expone problemas plantea el control de la constitucionalidad

El doctor Roberto L. Blanco Valdés, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela, España afirmó que la existencia de tribunales constitucionales y, más en general, del control de la constitucionalidad, ha planteado desde siempre no pocos problemas de encaje del control en el Estado democrático.

Al exponer sobre “El valor del Estado social en el constitucionalismo comparado: Las experiencias norteamericana y europea”, en el II Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional del Tribunal Constitucional de República Dominicana, dijo que a esos problemas ya en su día se refirió con inteligencia y claridad Hans Kelsen (1881-1973), el gran inspirador de la justicia constitucional en Europa.

Asimismo, indicó que uno de los factores que más ha contribuido a complicar el papel estructural en el funcionamiento del sistema político –es decir, los problemas que pueden derivarse de la posición objetiva de Tribunal Constitucional como órgano del Estado susceptibles de actuar, según la formulación kelseniana, como «legislador negativo», al margen del concreto comportamiento jurisdiccional de cada órgano en cada época y cada país– ha sido el hecho de que en muchos de los de Europa el juicio del Tribunal sobre la ley es un juicio abstracto producido al margen de cualquier pleito judicial.

“El asunto es tan viejo que ya Alexis de Tocqueville (1805-1859), tras el viaje a Estados Unidos que iba a servirle para escribir una de las obras de teoría política más apasionantes del siglo XIX, apreciaba la gran diferencia que para la legitimidad del control de constitucionalidad existía dependiendo de que ese control fuera, utilizando la terminología de hoy en día,  abstracto o fuera, por el contrario,incidental: de ese modo, después de llamar la atención sobre el hecho de que «el juez americano no entra nunca en lucha directa, no se encuentra enfrentado a los poderes políticos propiamente dichos»”, dijo.

Mientras que el francés, afirmó, obtenía una conclusión meridianamente clara: «Si el juez hubiese podido atacar las leyes de una manera teórica y general, si hubiese podido tomar la iniciativa y censurar al legislador, hubiese entrado estrepitosamente en la escena política.

“Convertido en el campeón o adversario de un partido, hubiese llamado a tomar parte en la lucha a todas las pasiones que dividen al país; pero cuando el juez ataca la ley en un debate oscuro y en una aplicación particular, oculta en parte a las miradas del público la importancia del ataque. Su sentencia únicamente tiene por objeto afectar a un interés individual, la ley sólo es herida por casualidad”, apuntó.

“Y es también la que ha terminado por generar en no pocos países–España, desde luego entre ellos– muy serios problemas como consecuencia de la aparición de muestras innegables de un tendencial gobierno de los jueces que puede llegar a entrar en abierta contradicción con los principios sobre los que se construyen las democracias parlamentarias vigentes en la mayor parte de los Estados europeos: por un lado, el de la soberanía popular; por el otro, y en directa relación con ella, el principio representativo, que pone en manos del parlamento elegido por el pueblo titular de la soberanía la potestad esencial para interpretar, a través de la ley ordinaria, las previsiones de la ley fundamental vigente en cada país y, entre ellas, las relativas a los contenidos, extensión y límites de los derechos sociales proclamados por la Constitución”.

El doctor Roberto L. Blanco Váldes, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Santiago de Compostela, España, fue presentado ante los 533 participantes por el jurista Rafael Luciano Pichardo, ex presidente de la Suprema Corte de Justicia.