SANTO DOMINGO.- Para la especialista en Derecho Administrativo por la UAM y asesora SERC en el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e igualdad, profesora Sofía Simou, el establecimiento de un sistema de seguridad ético capaz de disuadir y corregir los daños ambientales en la máxima medida posible es uno de los grandes compromisos a que apuesta el derecho ambiental contemporáneo.
La doctora Simou opinó que los grandes retos para el derecho ambiental moderno no se sitúan exclusivamente a nivel de programación, configuración normativa de las respuestas, sino a nivel ejecutivo, educativo, de precipitación y participación afectiva de la ciudadanía.
La experta en temas de cambio climático de la de la Universidad Autónoma de Madrid sostuvo que el marco regulatorio actual de España y la Unión Europea puede ser una base inicial suficiente para la protección de los recursos naturales, si se combina con una administración vertebral dotada de medios, recursos y materiales económicos suficientes para ejercer la potestad de inspección en las instalaciones más contaminantes, ejecutando todas las garantías previstas en el ordenamiento sancionador o el de responsabilidad.
Durante su participación en el webinario: “Seminario Internacional sobre la Efectividad de la Protección Ambiental a través del Derecho Público. Análisis comparativo de España y República Dominicana”, auspiciado por el Tribunal Constitucional, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la doctora Sofía Simou, añadió que es necesario acudir a otros instrumentos necesarios, como el diálogo con los promotores de las actividades contaminantes y acuerdos voluntarios con el sector industrial, manteniendo los estándares de protección de ambiental.
La profesora Simou explicó que el derecho ambiental es vulnerable a la realidad global, y está influido por el hecho social tecnológico, cultural y económico, sobre todo en el momento de crisis actual por la pandemia del COVID 19. “Las tendencias actuales que sigue el derecho ambiental moderno, como la globalización, la constitucionalización, la codificación, y la desregulación de los servicios, suponen desafíos sin precedentes para el mismo.
La doctora y especialista en estudios sobre urbanismo y medio ambiente opinó que en el marco de la dialéctica de los aspectos de “regulación y desregulación”, los juristas están llamados a enriquecer el análisis jurídico del ordenamiento ambiental con otro tipo de análisis; es decir, ver el análisis típico del derecho no como un fin en sí mismo, sino como un medio para conseguir más eficacia al momento de diseñar el derecho ambiental moderno.
Simou, quien es además investigadora en proyectos de desarrollo, dejó sobre la mesa la necesidad de una reforma estructural que encamine toda la normativa con respecto al derecho ambiental y a la configuración de la participación en las decisiones ambientales. Reiteró la importancia de posibilitar la implicación de la sociedad en la gestión ambiental convirtiendo a la ciudadanía en actora y garante de la administración medioambiental.
“La participación no puede quedar reducida a las formas tradicionales como la información pública; hace falta la regulación de una verdadera acción pública en asuntos ambientales y una mayor transparencia en ejecución de la materia ambiental”, concluyó.