Relativo a la acción directa en inconstitucionalidad interpuesta por Ramón Olivares Bonifacio contra el artículo 11, literal b, del Código Tributario Dominicano.
Acción directa de inconstitucionalidad. Tribunal Constitucional: competencia (arts. 185.1 Constitución; 9 y 36 LOTCPC). Legitimación activa: interés legítimo y jurídicamente protegido (art. 185.1 Constitución). Persona física: se presume su legitimación activa siempre que goce de los derechos de ciudadanía. Persona moral: su legitimación activa está condicionada a que haya sido registrada conforme a la legislación vigente y que exista una relación entre su objeto o un derecho subjetivo del que sea titular y la norma cuestionada. Accionante: se presume su legitimación activa ya que es un ciudadano dominicano (art. 37 LOTCPC). Acción directa de inconstitucionalidad: su objeto es sancionar infracciones constitucionales (TC/0150/13). Acción directa de inconstitucionalidad: se alegan vicios de fondo (TC/0445/19). Legislación comparada: reconoce la responsabilidad solidaria en caso de actos ilícitos, y subsidiaria en otros supuestos. Principio de razonabilidad: límite a la facultad estatal para establecer prohibiciones a conductas ciudadanas (arts. 50.15 y 74.2 Constitución; TC/0150/17). Test de razonabilidad: finalidad y alcance (TC/0217/19). Test de razonabilidad: criterios de aplicación (TC/0044/12). Test de razonabilidad se verifica la legitimidad del fin perseguido por la norma cuestionada que es proteger la capacidad estatal recaudatoria en ocasión de la tributación de personas jurídicas (art. 11 literal b C.T.). Test de razonabilidad: constitucionalidad del establecimiento de la responsabilidad solidaria objetiva a los administradores de personas jurídicas sobre la obligación tributaria de los contribuyentes. Test de razonabilidad: desproporcionalidad entre los medios y el fin. Responsabilidad solidaria de los administradores de la persona jurídica: posible afectación a los empleados. Administración tributaria: potestad de proteger el crédito tributario en caso de que los administradores de personas jurídicas estén utilizando maniobras para erosionar el erario público (art. 11 C.T.). Principio de legalidad: finalidad y alcance (TC/0200/13). Norma cuestionada: alcance indeterminado poniendo a los administradores de las personas jurídicas en una posición de coacción por parte de la administración tributaria. Acción directa de inconstitucionalidad: admite y acoge. Acción directa en inconstitucionalidad: disposiciones declaradas nulas por conexidad (arts. 11 literal c C.T.; art. 73 Constitución). Voto particular: Díaz Filpo; y Vargas Guerrero.