La acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por el Lic. Namphi A. Rodríguez, Dr. José Rafael Molina Morillo, Fundación Prensa y Derecho y el Centro para la Libertad de Expresión de la República Dominicana, contra la Resolución núm. 086-11, dictada por el Instituto Dominicano de las telecomunicaciones (INDOTEL).
Acción directa de inconstitucionalidad. Legitimación activa: concepto. Interés legítimo y jurídicamente protegido: afectación del manejo de datos relacionados al tráfico y conexión de las comunicaciones de los accionantes. Resolución 086-11: acto administrativo de carácter normativo y efectos generales. Actos de carácter normativo y de alcance general: sujetos al control de constitucionalidad (TC/0041/13). Acción directa de constitucionalidad: objetivo como control abstracto. Derecho al secreto y privacidad de las comunicaciones: vinculación con el derecho a la intimidad. Derecho al secreto y privacidad de las comunicaciones: concepto. Derecho al secreto y privacidad de las comunicaciones: obligación del Estado. Derecho al secreto y privacidad de las comunicaciones: contenido. Derecho al secreto y privacidad de las comunicaciones: comprende todo tipo de comunicaciones independientemente de cual sea su contenido o medio que se emplee para su difusión. Derecho al secreto y privacidad de las comunicaciones: reforzamiento de la garantía de libertad. Derecho al secreto y privacidad de las comunicaciones: incluye los datos e informaciones que se generen a través de los medios en que se transmite la comunicación. Derecho al secreto y privacidad de las comunicaciones: incluye todo el proceso en que se da la comunicación sin importar el medio que se realice. Derecho al secreto y privacidad de las comunicaciones: tipos de comunicaciones que abarca el derecho. Derecho al secreto y privacidad de las comunicaciones: abarca los medios mediante los cuales la comunicación se pueda manifestar. Derecho al secreto y privacidad de las comunicaciones: la confidencialidad de la comunicación puede ser levantada por libre voluntad o decisión de autoridad judicial competente. Derecho al secreto y privacidad de las comunicaciones: obligación de los entes públicos y/o privados. Derecho al secreto y privacidad de las comunicaciones: vulneración ante el acceso a la comunicación al margen del consentimiento o autorización judicial. Intervención de las comunicaciones: procesos de observación, intervención e interceptación. Intervención de las comunicaciones: restricción del derecho del secreto y privacidad de las comunicaciones. Derecho al secreto y privacidad de las comunicaciones: la intervención válida requiere una ordenanza emanada de autoridad judicial competente. Derecho al secreto y privacidad de las comunicaciones: Artículo 44.3 de la Constitución. Derecho al secreto y privacidad de las comunicaciones: la falta de obtención de una ordenanza judicial de un juez competente genera la nulidad de la medida y de las pruebas que directa o indirectamente se deriven de ella. Derecho al secreto y privacidad de las comunicaciones: requisitos que debe observarse para la intervención válida. Intervención de la comunicación: la orden judicial debe observar los principios de especialidad y proporcionalidad. Intervención de la comunicación: seguimiento de la implementación de la medida por el juez. Derecho al secreto y privacidad de las comunicaciones: obligación de mantener el secreto, privacidad y confidencialidad. Autoridad judicial competente (Artículo 44.3 de la Constitución): competencia para conocer de la sustanciación del caso. Derecho al secreto y privacidad de las comunicaciones: no violación por el resguardo por tiempo determinado datos y están protegidos por la obligación de confidencialidad. Obligación de confidencialidad: ámbito. Resolución 086-11: vulneración del Derecho al secreto y privacidad de las comunicaciones al permitir el acceso a datos sin ordenanza judicial previa. Derecho al secreto y privacidad de las comunicaciones: violación al restringirse mediante un acto administrativo (Artículo 74.2 de la Constitución). Test de razonabilidad (TC/0044/12): elementos. Resolución 086-11: irrazonabilidad al permitir el acceso a los datos omitiendo la autorización de un juez competente. Control de convencionalidad. Debido proceso (Artículo 69.9 de la Constitución): violación al establecer una vía procesal y un conjunto de formalidades que no se corresponden con la normativa de la Constitución ni de la Ley 53-07 o el Código Procesal Penal. Debido proceso (Artículo 69.9 de la Constitución: aplicables a procesos y actuaciones judiciales (TC/0021/12). Principio de legalidad penal (Artículo 69.7 de la Constitución): violación al disponer la aplicación de medidas sancionatorias de carácter penal a hechos y actuaciones diferentes a las que se han previsto en una normativa legal. Principio de legalidad penal: finalidad. Principio de legalidad penal: fundamento principal de la garantía política. Solicitud de medida cautelar: improcedencia por la naturaleza propia y autónoma de la acción directa de inconstitucionalidad. Voto particular del Magistrado Acosta de los Santos.