Relativo a la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por el señor Waldys Rafael Miguel Antonio Taveras D., contra los artículos 26 (inciso 6, párrafo I) y 28 (párrafo I) de la Ley núm. 368-22, de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos.
Acción directa de inconstitucionalidad. Tribunal Constitucional: competencia (arts. 185.1 Constitución; 9 y 36 LOTCPC). Legitimación activa: requisito satisfecho (arts. 185.1 Constitución; y 37 LOTCPC; TC/0345/19). Intervenciones voluntarias: admisibilidad (arts. 19 y 20 RJTC). Acción directa de inconstitucionalidad: satisfacción de los requisitos de admisibilidad (art. 38 LOTCPC; TC/0150/13). Especial trascendencia o relevancia constitucional: requisito de admisibilidad no aplicable a las acciones directas de inconstitucionalidad (arts. 53 y 100 LOTCPC). Acción directa de inconstitucionalidad: se invocan vicios de fondo. Normas cuestionadas: contradicen la Constitución, pues el Consejo de Ministros no está facultado para autorizar la ejecución de proyectos que afectan el uso de suelos. Consejo de ministros: funciones constitucionales (art. 137 Constitución). Consejo de Ministros: desviación de su propósito constitucional. Principio de supremacía constitucional: vulneración (art. 6 Constitución). Autonomía municipal: vulneración (art. 28 párrafo I Ley 368-22). Ayuntamientos: vulneración de su potestad de uso de suelo (art. 199 Constitución; TC/0152/13). Principio de control social: se verifica su vulneración (art. 199 Constitución). Carácter vinculante de los precedentes constitucionales: vulneración (art. 184 Constitución; TC/0061/12). Descentralización de competencias: vulneración (art. 204 Constitución). Acción directa de inconstitucionalidad: admite y declara no conforme con la Constitución. Voto particular: Beard Marcos.