Tribunal Constitucional realiza descenso en cuenca alta del río San Juan

SABANETA, SAN JUAN DE LA MAGUANA. - Tras un largo recorrido hasta llegar al Proyecto Romero, Hondo Valle, en la cuenca alta del río San Juan de la Cordillera Sur Central, donde se ubica la mina de oro, cobre y plata, una comisión de jueces del Tribunal Constitucional (TC) integrada por los magistrados Ana Isabel Bonilla Hernández, Hermógenes Acosta de los Santos y Wilson Gómez, realizó un descenso con la finalidad de escuchar los argumentos de las partes en conflicto por la posible explotación de la indicada mina por parte de la compañía GoldQuest, S. R. L.  En el descenso también participó el experto en materia ambiental Eleuterio Martínez, en representación de la Academia de Ciencias de la República Dominicana.

El Tribunal Constitucional se encuentra apoderado de un recurso de revisión constitucional de sentencias de amparo, interpuesto por Alexander R. Arias Bidó, el Comité Agropecuario Unitario de San Juan, Inc., entre otras personas y organizaciones de la comunidad, en contra de la Sentencia núm. 0323-2018-SSEN00004, dictada por el Tribunal Unipersonal de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Juan de la Maguana.

Esta decisión acogió la acción de amparo preventivo interpuesta por los accionantes –hoy recurrentes – y ordenó la suspensión de los trabajos que realizaba la compañía GoldQuest Dominicana, S. R. L. amparada en una licencia de exploración hasta tanto esta última obtuviera los permisos correspondientes para la explotación de la mina.

La magistrada Ana Isabel Bonilla Hernández, coordinadora de la comisión, al dar inicio a la sesión estableció que la comisión designada por el TC acudió al lugar del conflicto con miras a escuchar los argumentos de ambas partes y poder edificar al Pleno del TC para la decisión del caso.

Los recurrentes establecieron que la explotación de la mina de oro, cobre y plata del Proyecto Romero, causaría daños irreversibles al medio ambiente ya que afectaría gravemente la hidrografía y que además, el ecosistema de dicha zona -y como consecuencia a la República Dominicana- podría resultar deteriorado, por lo que se oponen a la explotación de ese yacimiento minero para preservar las fuentes montañosas de generación de agua.

De su parte, la recurrida, GoldQuest, S. R. L., argumentó que al momento en que se ordenó la suspensión de los trabajos la compañía había concluido las actividades concernientes a la exploración de la mina y que en esta etapa del proceso están en proceso de obtener la licencia de explotación minera, lo que conllevaría la realización de los estudios de impacto ambiental correspondientes para determinar cuál sería el impacto al medio ambiente, por lo que afirmar que la mina genera un daño es argumento subjetivo, pues se trata de una mina subterránea con uso del agua proveniente de las lluvias y no del rio San Juan y bajo el compromiso de no utilizar las aguas de este río.

Durante el desarrollo del descenso, los tres magistrados realizaron preguntas sobre elementos esenciales del caso, así como también exhortaron a ambas partes a que depositaran los distintos medios ampliatorios, réplicas y contrarréplicas que consideraren pertinentes por ante la Secretaría del TC en un plazo de quince días. Luego de casi tres horas, la comisión de jueces del TC dio por terminado el descenso.

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