TC Declara 9 casos de Acción Directa en Inconstitucionalidad en Estado de Fallo y Pospone conocimiento de Otro Expediente

El Tribunal Constitucional (TC) conoció este viernes 07 de febrero 10 expedientes de Acción Directa en Inconstitucionalidad, en una sesión realizada en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia, de los cuales 9 fueron declarados en “estado de fallo” y el otro fue pospuesto para ser conocido en otra audiencia. 

El Presidente del organismo, magistrado Milton Ray Guevara, informó que las audiencias iniciaron a las 9:00 de la mañana, con la participación de los magistrados Leyda Margarita Piña, primera sustituta del presidente, Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto, Víctor Gómez Bergés, Víctor Joaquín Castellanos, Ana Isabel Bonilla, Katia Miguelina Jiménez, Wilson Gómez Ramírez, Rafael Díaz Filpo, Justo Pedro Castellanos, Idelfonso Reyes y Hermógenes Acosta de los Santos. El doctor Jottin Cury David se excuso por problemas de salud.

El primer expediente ventilado fue el TC-01-2013-0045, que tuvo como accionante a Juan de Jesús Javier Polanco, quien atacó los artículos 27, 47, 65 y 92 de la Ley 241 de Tránsito de Vehículos. Luego de escuchar a los juristas Jerry de Jesús Castillo, en representación de la Cámara de Diputados y Ricardo José Tavera, Procurador General Adjunto, quienes pidieron el rechazo de la demanda, el Pleno del Tribunal declaró en caso en estado de fallo.

El expediente TC-01-2013-0047 que tuvo como accionantes Víctor Javier Feliz y Víctor Batista Merán, quienes objetaron el cobro 500 pesos por la  certificación de acta policial, cobrados por la Autoridad Metropolitana de Transporte  (AMET) y el expediente TC-01-2013-0048 que tuvo como accionantes a los Sucesores de los Finados Ramón Soñé y Carmen Nolasco de Soñé, representados por Nathanael Méndez Matos, quienes objetaron el artículo 115 del Reglamento de los Tribunales de Jurisdicción Original y de los Tribunales Superiores de Tierras, cuya autoridad superior es la Suprema Corte de Justicia.  Ambos quedaron en estado de fallo.

En el expediente TC-01-2013-0049 que tuvo como accionantes a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Asociación de Mujeres por la comunidad, Fundación Hermanos Ortiz y Parientes, Junta Popular de Organizaciones Barriales y Comunitarias (JUNTAPO), Comunidad de Integración Participativa, Federación Nacional de Trabajadores de la Venta, el Comercio, Zonas Francas y afines, representados por José Aníbal Guzmán y Fredermido Ferreras Díaz, se objeta la Resolución 00946,  de fecha 9 de abril de 2013 y la Resolución e iniciativa 1460 de 2013, de fecha 15 de mayo de 2013 que designa a la doctora Zoila Violeta Martínez Guante como Defensora del Pueblo. 

La audiencia fue presidida por la magistrada Leyda Margarita Piña, en vista de que el doctor Ray Guevara se inhibió. Los demandantes, representados por Manuel María Mercedes, reclaman la nulidad de designación de la actual Defensora del Pueblo, mientras que el doctor Tavera, Procurador General Adjunto y Castillo, en nombre de la Cámara de Diputados solicitaron rechazar el pedimento. El caso quedó en estado de fallo.

El Pleno del Tribunal Constitucional, con la reintegración del magistrado presidente,  conoció el expediente TC-01-2013-0050, cuyo accionante fue la Asociación de Industrias de Bebidas Gaseosas INC, que objetó el Artículo 2 de la Ley No. 28-01, sobre Desarrollo Fronterizo, aprobada por el Senado y la Cámara de Diputados.

Los accionantes fueron representados por Andrés Polanco, mientras que el jurista Eduardo Jorge Prats actuó en representación del interviniente Everlast Doors Industries, S.A. El Pleno del TC otorgó un plazo de 5 días calendario al Procurador General Adjunto, Tavera, para estudiar los documentos depositados por las partes en la audiencia, tras lo cual, el caso queda en estado de fallo.

El expediente TC-01-2013-0051 tuvo como accionante a Jeremy Damon García López, contra quien pesa una orden de extradición del 18 de octubre de 2011, no acudió a la audiencia ni se hizo representar. Tras escuchar al Procurador General Adjunto, que solicitó declarar como inadmisible el reclamo y, en consecuencia, proceder a su rechazo.

El siguiente caso conocido fue el expediente TC-01-2013-0052, cuyos accionantes fueron Esteban Cedano Castro, Carlos Vinicio Pineda Reyes, Luis Manuel Richiez Peralta, Luis Castro Pierre, Pedro Julio Mercedes Guerrero y Daniel Enrique Pérez Guerrero, representados por el jurista Gerardo Silvestre, quienes objetaron el acápite h del artículo 6 de la Ley 385-98 que crea la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de la Romana (COAAROM) y el acápite h del artículo 2 del Reglamento Interno del Consejo de Directores. El Tribunal declaró el caso en estado de fallo.

El expediente TC-01-2013-0053, cuyos accionantes fueron Miguel A. Beriguete, María Argentina González, Hilda Altagracia González, Criseida Yanet  Veriguete, Bianedy Minaida Veriguete, Maltha Rosa Veriguete, Henry Rolando González y Yaniris Livanessa Veriguente, representados por los juristas Alejandro Canela y Carlos Salcedo, objetaron el Decreto 62-06, de fecha 22 de febrero de 2006, emanado del Poder Ejecutivo, que no se hizo representar en la audiencia. El caso quedó en estado de fallo.

Mientras que con el expediente TC-01-2013-0054 Santa Teresita de Jesús Saladín presentó oposición a la venta en pública subasta de un edificado, pero no se hizo representar y, tras escuchar los alegatos de las otras partes, el Pleno del TC dejó el caso en estado de fallo y el último expediente de acción directa que sería conocido en la fecha, con la inhibición de la magistrada Leyda Piña, por haber sido jueza titular de la Junta Central Electoral, fue el TC-01-2013-0068, cuyo accionante es Gustavo Enrique Ramírez Merán, que objetó la comunicación de la Cámara Contenciosa a la Cámara Administrativa del tribunal de elecciones. El caso fue pospuesto porque se deslizó un error administrativo, al ser citado el Tribunal Superior Electoral, en vez de la JCE para asistir a la audiencia.