Magistrado Rafael Díaz Filpo afirma Constitución dominicana de 2010 consagró mecanismos para la democracia participativa
El juez del TC subrayó que la Carta Magna del 2010 dotó al ciudadano común y al operador judicial de los instrumentos necesarios para aplicar y exigir los derechos
SANTO DOMINGO. – El magistrado Rafael Díaz Filpo, juez del Tribunal Constitucional (TC), afirmó que la Constitución dominicana de 2010 proclamó un Estado social y democrático de derecho con una democracia participativa y consagró también una extensa gama de mecanismos para hacer efectiva dicha participación.
La juez indicó que a partir de esta reforma se puede hablar en el país de una carta sustantiva que reúne los elementos necesarios para una verdadera constitucionalización del derecho, tales como contenido material e indeterminado, fuerza vinculatoria, supremacía constitucional y garantía del texto sustantivo.
Díaz Filpo dio estas declaraciones al dictar la conferencia inaugural del IV Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional organizado por el Tribunal Constitucional dominicano (TCRD), que se desarrolla durante esta semana en un hotel de la ciudad.
En la conferencia “La constitucionalización del derecho penal y del proceso penal”, el jurista explicó el concepto de constitucionalización del derecho y cómo a partir del mismo las constituciones modernas irradian todo el ordenamiento jurídico.
Señaló que la Constitución es la norma primaria que debe regular en forma obligatoria el derecho del país, considerando que las constituciones modernas hoy en día, “son verdaderas fuente de derecho, de tal manera que el derecho penal, igual que las demás disciplinas, debe observar los preceptos constitucionales”.
Al repasar cómo se han modernizado las constituciones latinoamericanas, favoreciendo a la constitucionalización del derecho, el juez de la alta corte destacó la Constitución dominicana de 2010, puesto que estableció un catálogo bastante amplio de los derechos del ciudadano y los mecanismos de protección para la defensa de los mismos.
“Lo más importante -dijo al referirse a la carta sustantiva dominicana-, dotó al ciudadano común y al operador judicial de los instrumentos necesarios para aplicar y exigir los derechos, que pasaron de ser meros enunciados retóricos a verdaderos derechos exigibles ante las autoridades administrativas y, en última instancia, ante las judiciales”, puntualizó.
Por esta razón, explicó, “el derecho procesal penal no se puede ver como una estructura rígida, sino como una en permanente movimiento que cambia y fluye desde el Sistema de Derechos Humanos y la Constitución Política hacia la Dignidad Humana”.
Dijo que, si la Carta Magna es norma de normas, todo el derecho, y en especial el derecho penal, debe estar sometido a los preceptos constitucionales, citando además al penalista alemán Claus Roxin quien indica que el Derecho Procesal Penal es el sismógrafo de la Constitución del Estado.
Explicó que en las últimas décadas se han recogido posiciones sobre la necesidad de tener en cuenta los principios orientadores del derecho penal en las constituciones de los países de la región. La República Dominicana, por ejemplo, tiene 28 principios rectores de los procesos penales con sustento en el texto fundamental, y contiene varias disposiciones penales tanto en el aspecto procesal como sustantivo.
“Uno de los elementos más novedosos que introdujo la nueva Constitución es la separación entre "derechos fundamentales" y "las garantías a los derechos fundamentales". Los mismos están consagrados en el Título II, en los capítulos I y II, respectivamente de la Constitución y abarcan desde el artículo 37 al 73”, indicó, señalando también las principales disposiciones de carácter penal y procesal penal o relacionadas a estas, en los artículos 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43.
Puso especial atención al reconocimiento de la dignidad humana que, junto a la vida, aparece en la Constitución dominicana de 2010 como uno de los valores supremos y principio fundamental, colocándola en la cima del articulado constitucional.
Con la ponencia de Díaz , el Tribunal Constitucional da inicio al panel “La Constitucionalización del Drecho Penal y del Proceso Penal: Avances y Retos en RD” en el congreso internacional que se desarrolla hasta el viernes 21 y en el que intervendrán destacados expositores de América Latina y España. El programa incluye trece conferencias magistrales y tres paneles sobre la constitucionalización de la vida política, el derecho administrativo y el derecho penal en República Dominicana.
El objetivo de este evento, que se realiza en su cuarta edición, es promover el estudio del derecho constitucional y los derechos fundamentales como elementos básicos para el fortalecimiento de un Estado social y democrático de derecho en nuestro país.
Los magistrados Justo Pedro Castellanos Khoury, Rafael Díaz Filpo y Víctor Joaquín Castellanos Pizano, miembros del Pleno de la alta corte, integran la comisión organizadora del cónclave, al que se espera que asistan más de 500 personas, entre profesionales expertos y estudiantes de ciencias jurídicas.
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