Relativo a la acción directa en inconstitucionalidad interpuesta por Bartolomé Pujals y Lety Melgen el dos (2) de marzo de dos mil veinte (2020), en contra de los artículos 1, 2, 4, 5 y 7 párrafo II de la Ley núm. 46-20, de Transparencia y Revalorización Patrimonial.
Acción directa de inconstitucionalidad. Tribunal constitucional: competencia (art. 185.1 Constitución; arts. 9 y 36 LOTCPC). Legitimación activa: capacidad procesal (art. 185.1 Constitución; art. 37 LOTCPC). Legitimación activa: interés legítimo y jurídicamente protegida. Legitimación activa: calidad para accionar (art. 37 LOTCPC). Convención de las naciones unidas contra la corrupción: objetivo. Delito fiscal: se clasifica como infracción de lavado de activos (Ley 155-17). Ley núm. 46-20: objeto. Dirección General de Impuestos Internos: criterios para poder rechazar una solicitud de declaración o revalorización (art. 5 Ley 46-20) Ley núm. 46-20: su objetivo no es un establecimiento de un sistema de bloqueo legal de bienes potencialmente derivados de actividades ilícitas. Acción directa de inconstitucionalidad: la ley no descarta la posibilidad de que las autoridades competentes cuestionen el origen de los bienes o activos. Proceso de declaración y revalorización: permite a la administración obtener información actualizada sobre las personas físicas y jurídicas que realizan actividades en República Dominicana. Principio de igualdad tributaria: garantías (arts. 39 y 243 de la Constitución) Test de igualdad: aplicación. Test de igualdad: elementos fundamentales. Corte Constitucional de Colombia: adopción de criterio. Régimen tributario especial: ha sido creado para permitir que la administración obtenga información actualizada de todo aquel que opera en el país. Test de igualdad: criterios y aplicación. Test de igualdad: parámetros. Test de igualdad: no se configura transgresión. Test de razonabilidad: aplicación. Test de razonabilidad: criterios y parámetros. Test de razonabilidad: no se verifica su vulneración. Tribunal constitucional: facultad para dictar sentencias interpretativas. Sentencias interpretativas: finalidad. Tribunal constitucional: no hay necesidad de dictar una vacatio legis. Declaraciones juradas de patrimonio: obligación de los funcionarios. Funcionarios y contribuyente: no están exentos de que los bienes y activos que declaren y revaloricen, puedan ser pasibles de futuras investigaciones por parte de las autoridades correspondientes. Acción directa de inconstitucionalidad: admite, rechaza y declara conforme con la constitución.